El Gobierno tomó conocimiento del caso el 24 de mayo e inició de inmediato gestiones consulares para confirmar la situación y avanzar hacia su liberación.

Según el comunicado oficial, los argentinos fueron detenidos en las cercanías de Sirte, en el centro-norte del país, junto a otras ocho personas de distintas nacionalidades. Ambos formaban parte de una caravana terrestre de supuesto carácter humanitario que había partido a comienzos de mayo desde Mauritania con destino a Gaza y que eligió atravesar territorio libio, un país que el Palacio San Martín describió como frágil en materia de seguridad y sin un gobierno unificado.

Tras enterarse de lo ocurrido, la Cancillería activó las gestiones a través de la Embajada argentina en Túnez, concurrente en Libia, con el objetivo de coordinar con autoridades y representaciones de otros países presentes en el terreno. El 26 de mayo solicitó cooperación consular a Italia, que mantiene presencia en Bengasi: el cónsul italiano pudo visitar a ciudadanos de su país detenidos, pero las autoridades locales le negaron el acceso a los argentinos.

El Gobierno aseguró que mantiene diálogo con embajadas, consulados de países amigos y organismos internacionales presentes en el terreno, entre ellos la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia y el Comité Internacional de la Cruz Roja. En el mismo comunicado, remarcó que presta asistencia consular a todos los argentinos en el exterior, aun ante lo que calificó como ‘acciones imprudentes y temerarias‘ llevadas adelante por algunas personas y organizaciones.

De acuerdo con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, Giménez y Aguilera son directores de investigación de NODAL e integraban el equipo sanitario de la Misión Humanitaria del convoy terrestre Sumud. Según esa versión, la última comunicación se produjo cuando ambos informaron que estaban siendo trasladados tras llegar al puesto de control cercano a Sirte. Desde entonces no hubo información oficial verificable sobre su paradero, por lo que Bianco reclamó al Gobierno nacional que active los mecanismos multilaterales pertinentes para garantizar su protección.