Desde hace muchos meses que se viene mostrando un perfil social de negativismo hacia las medidas tomadas por el gobierno de Javier Milei, cuyos resultados provocaron la ruptura del tejido social.

El achicamiento, el ajuste, la transformación del Estado y la desregulación fueron los primeros motivos que impulsaron el factor desempleante, que comenzó afectando al empleado público y se fue trasladando a los ámbitos que externamente corresponden a la estructura funcional del gobierno.

De esta manera, la “motosierra” y la “guadaña” fueron llegando al sistema educativo, fundamentalmente al universitario, provocando una “estampida” de profesionales de la educación los cuales llevaban años de formación y que tuvieron que salir a buscar nuevos horizontes que les permitieran reacomodar sus ingresos.

Siguió la medida disruptiva en lo concerniente a la salud. De esta manera, se afectó severamente el funcionamiento del Garrahan y otras dependencias que, dada su especialidad y lo avanzado de sus técnicas, eran complejos que centralizaban la atención de la salud de la sociedad y tuvieron que comenzar a limitarse debido a que no comparecían sus ingresos con lo costos de las respectivas demandas.

Además, este programa de destrucción progresiva avanzó sobre instituciones científicas, por ejemplo: el INTI, INTA, SENASA, CONICET, CONAE, ANLIS (Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud), INIDEP (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero) y fue sorprendente cómo se ufanaban del ajuste, sin tener en cuenta que se abría una profunda brecha frente a los indicadores del personal que se estaban quedando fuera del circuito laboral.

Después, para lograr mantener el superávit fiscal y sostener el déficit cero, se abrieron las puertas de la importación que se vio favorecida por la eliminación de barreras arancelarias y trajo consigo un aumento del cierre de empresas, pymes y comercios, con el gravoso tema del desempleo. Se concretaba así el “industricidio”. El proceso destructivo se puso en marcha y sus consecuencias comenzaron a perfilar un país emergente que retrocede sin opciones de recuperación.

El proyecto “transformador” fue ratificado por el presidente Javier Milei en cada oportunidad que se le presenta. Su objetivo está centrado en alcanzar el liderazgo libertario en toda la región, logrando imponer una línea gubernamental que sirva como guía a los países que aceptan los condicionamientos que tienen origen en el poder ejercido por EEUU, bajo la presidencia de Donald Trump, para alcanzar el manejo geoestratégico y desplazar de América del Sur al gigante asiático, China, que ha planificado su expansión en la misma sintonía que los poderosos del primer mundo.

Pero esta operación tiene un costo social que, dada su incidencia, está superando el cálculo más pesimista y eso lo está percibiendo la sociedad argentina que hoy ve cómo se han acotado sus sueños y la esperanza de crecimiento y desarrollo que abrirían las puertas del futuro a sus hijos.

El oficialismo pareciera no ver la realidad de un país que se encuentra en plena caída, donde la esperanza desapareció para dar lugar a la desazón y la desesperación de la sociedad al ver a sus hijos camino a ser otra generación perdida.

Las empresas se siguen cerrando y el gobierno señala que este fenómeno se produce ante la ausencia de efectos competitivos en determinados rubros: textiles, alimenticios, entre otros...

La baja del consumo parece ser que es un invento de los sectores políticos opositores. Se caen las ventas en supermercados pese a las ofertas y a las distintas estrategias que vienen pergeñando desde hace varios meses.

Un gran porcentaje de la sociedad ha disminuido el consumo de carne vacuna a niveles nunca antes vistos. Se registró un intento de reemplazo con pollo y cerdo, pero esto también ha comenzado a disminuir dado que deben competir -sin chances- con la importación que se realiza desde Brasil.

Para tener una idea real de las restricciones a las que se ha sometido gran parte de la ciudadanía solo basta recabar informes en grandes tiendas que están optando por abandonar el trabajo local, para acoplarse al rubro importador y, de esta manera, alcanzar un nivel de venta que les permita mantener sus negocios abiertos.

Todo este mecanismo, de notable empobrecimiento, viene acompañado del aumento del desempleo y la pobreza -aún- de aquellos que cuentan con determinados trabajos, pero cuyas remuneraciones no les permiten acceder a la canasta básica integral y deben resignar comidas o limitar las compras.

La indigencia no se cuenta y existe. Basta solo mirar alrededor, basurales que son poblados por familias enteras buscando algo de comer. Las calles se han convertido en “precarios dormitorios” que se comparten con quienes se ocupan de revisar contenedores.

En síntesis, la pobreza es innegable y contradice a la mayoría de las afirmaciones del oficialismo, que pasó de ser ganador a estar preocupado por no poder resolver los problemas que está soportando gran parte de la sociedad.

La realidad sigue imponiéndose al relato oficialista.