“Nuestra responsabilidad es defender los intereses del Atlético de Madrid y por eso vamos a presentar una denuncia ante FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido”, expresó.

El conjunto madrileño tomó esta determinación después de las declaraciones del delantero al término del partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026. En las mismas reconoció que “lo mejor para todos es una transferencia” y quiere “cumplir” su “sueño”.

Atlético de Madrid manifestó en reiteradas ocasiones su intención de no vender a Julián, que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030, y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. Además, hace unas semanas ya había denunciado, a través de un comunicado en sus redes sociales, una “campaña de acoso y derribo” en “los últimos meses” sobre el atacante argentino por parte del Barcelona.

“Filtraciones interesadas, “fake news”, faltas continuas de respeto, la versión culé de la maquinaria inventando historietas, llamadas antes de enfrentamientos directos... Pero claro, a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir jugadores. RESPETO Y VALORES”, publicó en ese momento el Colchonero en su cuenta oficial en X.

El Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores del organismo contempla sanciones concretas para este tipo de situaciones. Si se establece que el nuevo club indujo al jugador a romper su contrato durante el período protegido, la norma es taxativa: “Se impondrá al nuevo club la prohibición de inscribir nuevos jugadores, ya sea a nivel nacional o internacional, por dos períodos de inscripción completos y consecutivos”.

El período protegido es clave en este análisis. Según el reglamento de la FIFA, cuando un jugador de entre 23 y 28 años firma un contrato, ese período de protección es de tres temporadas completas o tres años, lo que ocurra primero. Julián Álvarez tiene 26 años y llegó al Atlético en el verano de 2024 con contrato hasta el 30 de junio de 2030. Está, por lo tanto, dentro del período protegido.

La normativa también incluye una presunción automática que complica al Barcelona: si el jugador firma un nuevo contrato dentro de los 45 días posteriores a una ruptura de contrato, se presumirá que el nuevo club lo indujo a romper el vínculo. Esa presunción solo puede ser revertida si el club demuestra ante el Tribunal del Fútbol que no influyó en la decisión del jugador.