El tema del suceso que ocurre y fue denunciado sucede en La Formosa, “reino privado de Gildo Insfrán”; puede llamar la atención, pero no es la primera vez que el “emperador” y dueño de la vida y el destino de la mayor parte de los formoseños se hace notar marcando que los límites provinciales señalan un “feudo”, donde se hace y deshace a criterio del mandatario provincial.
En esta oportunidad, ha transgredido la norma constitucional que impone las condiciones de transitabilidad por el interior del territorio nacional sin que existan aduanas interiores que puedan disponer cargas impositivas que reflejen ese libre circular, a excepción del impositivo interno, que de ninguna manera suple, si es del mismo contenido, a lo que está estipulado en la Carta Magna.
En este caso, cobra un impuesto a los camiones para poder circular. Se le exige al transporte automotor el pago de una suma de dinero para poder ingresar a la ciudad de Formosa. Este suceso fue registrado en la Ruta Nacional 11, en la zona de Villa del Carmen, que reveló una práctica que se contrapone con la norma establecida en la Constitución Nacional.
El factor legal establece: “En el artículo 9 de la Carta Magna se establece en todo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso”. Y reafirma en el décimo: “En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores”.
Más claridad imposible de lograr, y amerita la inmediata intervención del fuero judicial a los efectos que se pongan límites a los excesos del gobernador Gildo Insfrán, que ha tomado ese pedazo de suelo argentino como parte de su reino y a los habitantes en obedientes súbditos de su poder.
El otro tema, entre los más sobresalientes que se están materializando en el país, ocurre en la provincia de Tucumán, donde se desconocen los alcances de la libre expresión periodística y se impone a pedido de la denuncia presentada por el jefe de los fiscales, Edmundo Jesús Jiménez, al considerar que hubo una “campaña de hostigamiento” en su contra.
Ante esa circunstancia, un fallo del juez Lucas Taboada restringió el trabajo de una empresa periodística estableciendo jurídicamente la censura previa: al determinar Justicia de Tucumán prohibir a periodistas criticar a fiscales y jueces.
Los temas planteados podrán dilucidarse en los tribunales locales y, finalmente, deberán ser remitidos, según los pasos legales correspondientes, a los estamentos judiciales superiores hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, que deberá, no nos cabe duda, reencauzar a quienes imparten justicia encarrilando los contenidos explicitados en la Carta Magna, y que son ratificados en los diferentes códigos penales y civiles, que con sus reacomodamientos impera en cada provincia.
Pero más allá de ser una contingencia, que no es nueva, señala en marco anarquizante que prevalece en una sociedad donde quienes tienen que impartir justicia y hacer respetar las normas, según lo establece la Constitución Nacional y sus derivantes jurídicos, están marcando un “libertinaje” peligroso, dado que la ley y la aplicación del orden jurídico han quedado librados a una interpretación que se ajusta a las molestias que le pueden haber producido intervenciones periodísticas.
En el caso tucumano, el gobernador Osvaldo Jaldo expuso que: “Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”.
Además, consideró que “hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa”. “Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia, y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”.
Expresiones vertidas a la prensa y reflejada en varios portales dan cuenta de la trascendencia adquirida por medidas que rompen un Estado de plena Democracia.
Es la tendencia de un desequilibrio social, político y judicial que deberá ser examinado para corregirlo antes de avanzar en un escenario donde todo vale y se impone, más allá de ir contra los respaldos jurídicos que aseguran una Democracia, el efecto de quienes gozan de una cuota de poder.
Si bien existe la posibilidad de acudir a los niveles superiores para plantear las disidencias, esta circunstancia demanda tiempo y requiere -normalmente- los servicios de profesionales del derecho para que interpongan las medidas cautelares que corresponda para suspender los efectos de determinadas acciones que conspiran con la libertad de pensamiento y de expresión.
El gobierno del presidente Javier Milei tiene en cartera un reacomodamiento de los fundamentos judiciales, a través de reformas que están en proyectos ya enviados al Congreso de la Nación. Es evidente que el uso y abuso del poder en cualquier ámbito del Estado, descompone la sociedad y aleja la posibilidad de establecer canales adecuados de convivencia.
La ciudadanía debe ajustarse a las normas que impone el sano equilibrio que debe reinar en el seno de la comunidad, desvirtuarlo es ingresar en un mundo anárquico cuyo resultado final es impredecible.