“Fue una mañana bastante agitada‘, indicó el pampeano, quien remarcó que aun con la presencia del secretario de educación y el subsecretario de políticas universitarias la postura del gobierno nacional en torno a los reclamos es clara: ‘pensemos que son cargos que fueron degradados” con respecto a la gestión anterior, cuando Educación era Ministerio y Políticas Universitarias una Secretaría.
“Explicamos el gran problema presupuestario que enfrenta al sistema. Estamos hablando de 75 años de gratuidad, algo que es un orgullo para los argentinos a nivel mundial por lo que implica, y que funciona con el principio de responsabilidad del Estado en la financiación. Hoy, incluso con el último incremento (para gastos de funcionamiento) estamos recibiendo la mitad de lo que se necesita mes a mes” a partir del incremento de costos generados por la inflación, indicó.
“Pero -remarcó- más que acompañamiento para pensar soluciones, nos encontramos con respuestas fuertes de los representantes del gobierno...”, lamentó, al tiempo que insistió en que “nos dijeron que mucho no conocen, que están aprendiendo... Les explicamos cómo es el funcionamiento de la autonomía universitaria y la autarquía financiera, y no es una cuestión de ‘traeme la factura’ simplemente...”.
En este punto, enfatizó que la situación que enfrenta el sistema es grave porque, ante el congelamiento presupuestario definido por Nación, se afrontan facturas “de electricidad que pasaron de 1 a 5 millones, o contratos de servicios que se actualizaron por el doble o el triple...” y que “afecta no sólo a las Universidades, sino a toda la comunidad universitaria”.
En este punto, amplió que esa afirmación incluye “los salarios de los docentes, pero también a los chicos y chicas que estudian, porque afecta a los comedores universitarios, junto con los aumentos de los alquileres y facturas que tienen que enfrentar. Por eso decimos que complica a toda la comunidad universitaria”.
Alpa enfatizó que la falta de respuestas de Nación “es una degradación para el sistema porque la autonomía y la autarquía universitaria es un principio constitucional, está establecido en la Constitución”.

Movilización

Al término del encuentro, el CIN emitió una declaración vinculada a la situación del sistema y medidas de acción directa, “en consonancia con solicitudes en tal sentido de representantes de los gremios de docentes, nodocentes y estudiantes” según explicaron.
“La situación del sistema universitario público es grave y que necesita urgentes respuestas por parte de los poderes del Estado Nacional”, manifestó el documento, en el que se revela que “hemos dialogado con distintos representantes del Poder Ejecutivo en estos 100 primeros días de gobierno, planteando en detalle la compleja situación del sistema”.
También que “hemos aprobado una declaración en el mes de febrero, donde expresamos nuestra preocupación por la falta de acuerdos paritarios en desmedro del poder adquisitivo de nuestros trabajadores; por el deterioro del sistema científico, tecnológico y de innovación; la suspensión total de obras de infraestructura científica y universitaria en ejecución; la abrumadora falta de actualización de gastos de funcionamiento y la no renovación de sistemas nacionales de becas”, para graficar “la profundidad y magnitud de la crisis”.
“La sociedad argentina tiene una alta valoración de sus universidades públicas a lo largo y a lo ancho del país - expresaron-, no sólo por su tarea de formación de hombres, mujeres y diversidades íntegras con alta capacidad profesional, sino también por su tarea en la construcción del conocimiento, por la transferencia del mismo en general y por las tareas de extensión y solidaridad con los sectores más postergados”.
Por ello se solicitó a la comunidad el acompañamiento hacia reclamos que “no son planteos corporativos ni defensa de privilegios, son en defensa de la sociedad argentina en su conjunto, que si quiere resolver sus problemas debe priorizar la educación pública que nos iguala y hace libres; la formación universitaria de excelencia y la inversión en ciencia y tecnología y consecuentemente, jerarquizar su asignación presupuestaria”.
“Defendemos el derecho de los jóvenes de acceder, según su deseo y vocación a la educación pública superior de excelencia, no arancelada y con ingreso libre; un sistema abierto que promueve la movilidad social y la transformación de nuestras comunidades”, siguió el texto que lleva la firma de los rectores y rectoras.
“Reclamamos que cualquier acuerdo que se promueva a nivel nacional priorice como central la cuestión educativa y convocamos a una gran demostración nacional el próximo 23 de abril a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, en defensa de la educación y del sistema universitario público argentino, en conjunto con las representaciones docentes, nodocentes y estudiantiles; toda la comunidad universitaria, toda la sociedad junta porque el futuro está en juego. Todos los problemas que tenemos se resuelven con más educación”, finalizaron.