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¿Y si empezamos por cumplir la ley?

Para frenar el avance del coronavirus el Gobierno suspendió las clases, una medida fuera de discusión considerando el fenómeno que enfrentamos. En el mismo sentido, puso en funcionamiento de inmediato una plataforma online y la emisión de cuatro horas de contenido educativo por la TV Pública, junto a otros recursos digitales para amortiguar la no concurrencia a las aulas, acordando además con las empresas que la navegación del sitio no consuma datos, de manera de garantizar su uso. Al únisono La Pampa hizo lo propio implementando una serie de herramientas pedagógicas para no interrumpir la educación de los alumnos de todos los niveles de la provincia.

El virus obligó a tomar medidas extremas. Sin embargo, esta circunstancia no puede hacernos omitir que Argentina no logra encaminar y poner en vigencia plena los fundamentos de su política educativa. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación, rubricado por el especialista Gustavo Iaies, que es además director de la escuela de Gestión Educativa de ESEADE, revela que no todas las provincias cumplen con los 180 días de clases establecidos por la Ley 25.864.

El documento, titulado ¿Los calendarios escolares provinciales prevén 180 días de clase?, da cuenta que, desde la planificación misma, 9 provincias argentinas no garantizan el mínimo de 180 días de dictado de clases, es decir, no cumplen lo que establece la ley para la educación inicial, general básica y polimodal o sus equivalentes, y que el incumplimiento se debe mayoritariamente a la presencia de feriados nacionales, provinciales y vacacionales.

El propósito del informe, según explica el propio Iaies, es “ver si estamos pudiendo planificar aquello a lo que nos estamos comprometiendo y ver cómo estamos evolucionando en nuestra capacidad de hacer lo que nos proponemos”. Que, por lo visto, por ahora no está garantizado.

El gobierno nacional ha instalado en agenda la importancia de un ciclo lectivo en el que los 180 días de clase se cumplan, ha manifestado su voluntad de contribuir al cumplimiento de la ley, pero, al ser Argentina un país federal, la definición es responsabilidad de cada provincia. Y las cifras demuestran que, desde la planificación misma, son 9 las provincias de nuestro país que no cumplen la ley. Sin ahondar en los motivos del incumplimiento, no hay duda que la búsqueda de la calidad educativa tiene que ser un objetivo central de todo gobierno, nacional y provincial, una política de Estado, y que la calidad debe empezar por cumplir la ley y, por transitividad, los días de clase que establece la normativa vigente.

Está fuera de discusión que cumplir los 180 días no es condición suficiente ni necesaria para garantizar la calidad educativa, que el uso que se haga del tiempo y la riqueza de los aprendizajes son tan importantes como el tiempo en sí mismo. Cantidad no es calidad y hay muchos factores que ponderar en ese aspecto, aun así, sobre todo para los chicos de condiciones más desfavorables, cada día de clase cuenta. Además, como explican los especialistas, el proceso de socialización se garantiza a través de un rítmo de trabajo continuo y sin interrupciones.

Lo increíble es que a 17 años de sancionada la ley, cada territorio siga haciendo lo que le place, que no seamos capaces de cumplir las normas que nosotros mismos sancionamos. Se supone que los días de clases no deberían acarrear ninguna discusión, si legalmente corresponden 180 días, los calendarios deberían incluirlos y ya, no debería revestir ninguna dificultad cumplir con una prescripción legal sobre la que, dicho sea de paso, existe un gran consenso social y profesional.

Agreguemos que al incumplimiento de base de las 9 provincias: Corrientes (179 días), Entre Ríos (179 días), La Rioja (179 días), San Juan (179 días), Formosa (178 días), Misiones (178 días), Santiago del Estero (178 días), San Luis (177 días) y Catamarca (175), hay que sumar los que no están contemplados en los feriados y días de, como jornadas institucionales o de planificación, el día que se destinará a la realización del Censo Nacional, más alguna que otra festividad de cada territorio, suponiendo que no ocurra ninguna calamidad climática o alguna huelga docente, que adiciones días sin clases.

Como explica Iaies, es responsabilidad del Estado “buscar soluciones para cumplir sus propias normas”, tales como planificar días de recuperación de clases, plantear estrategias para que los estudiantes puedan continuar su aprendizaje fuera de la escuela o generar nuevos espacios de trabajo institucional y de capacitación docente sin perjudicar el cumplimiento de los 180 días efectivos de clases.

Desde lo discursivo, todos al unísono declaran el compromiso de trabajar por una educación que garantice la igualdad, y la equidad, todos dicen que quieren mejorar la calidad educativa y garantizar una buena educación a los estudiantes con menos posiblidades. Pues bien, como con decir no alcanza, además de las palabras sería auspicioso un gesto mínimo como garantizar lo básico, lo que instituye la ley: un calendario escolar con 180 días de clases.

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