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Un paro innecesario y absurdo

El paro docente nacional del último viernes en rechazo a los incidentes ocurridos entre la policía y los maestros de Chubut, fue absurdo. Enójense y repúdiennos, pero alguien se los tiene que decir públicamente. Fue una decisión extrema en un contexto muy delicado, una medida que distorsiona el derecho de huelga y que nada tiene que ver con el concepto de solidaridad que esgrimieron en la convocatoria.

Parar es un derecho constitucional, es cierto, pero es una medida excepcional y en todo caso, la educación también es un derecho constitucional. Ha quedado demostrado que ningún paro ha logrado el efecto deseado, que como método de negociación no ha dado ningún resultado. Entonces, deberían buscar alternativas superadoras, alternativas que eviten seguir socavando la educación de nuestros chicos, que, dicho sea de paso, no deberían ser privados de ningún día de clase.

Lo que ocurre en Chubut es dramático y muy doloroso. Nadie ignora el retraso en los pagos de los haberes de los docentes, ni la parálisis de la obra social, a nadie escapa que llevan 16 semanas de conflicto y que una situación así es simplemente insostenible. No es posible pretender que los docentes de Chubut vayan a clases como si nada pasara. Ahora bien, clausurar por segunda vez las aulas en solidaridad con los docentes de la provincia patagónica, no sólo no soluciona nada, sino que además saca a los alumnos de todo el país de las escuelas, y la verdad es que cada día de clase debería ser sagrado.

Los gremios deben solidarizarse y actuar en consecuencia, pero deberían pensar nuevas maneras de expresar el repudio, porque un paro afecta a los chicos, sobre todo a los de los sectores sociales más vulnerables, donde los efectos de los paros docentes resienten aún más la situación de asimetría de los niños de menores recursos, algo que es especialmente visible en las escuelas públicas de las barriadas más populares. Necesitamos los chicos en las aulas.

Sumen por favor, pongan en contexto, porque no solo son los paros los que sacan los chicos de las escuelas, también hay que contemplar los feriados puente, las fechas de recuperación o de examen, las jornadas institucionales o docentes, los días posteriores a las elecciones, entre otras tantas. Sumen cuántos días se pierden en el año.

Por supuesto que es razonable que quieran expresar su solidaridad con la dramática situación que viven los docentes chubutenses, eso está fuera de toda discusión, pero háganlo de otra manera, no con un paro. Salgan a las calles fuera del horario escolar, inunden las plazas del país, hagan cartas de repudio, convoquen a los medios, que van a apoyar para que lo que tengan que decir se difunda y llegue a todos los rincones. Insten a la comunidad educativa a que los acompañe y se solidarice con la situación, pero vayan a las escuelas y den clases.

Pongamos por caso nuestra provincia, un territorio en el que no existen los conflictos docentes, donde los propios gremialistas reconocen que se sientan con el gobierno provincial a discutir y logran arribar siempre a un punto de acuerdo. ¿Entonces, por qué hacer un paro en La Pampa? En todo caso, pueden adherir a la lucha de los docentes de Chubut a través de una carta, con un comunicado, con la presencia de los representantes gremiales acompañando la lucha en esa provincia, pero ¿hay necesidad de que los alumnos pampeanos pierdan un día de clase?

Repetimos, lo que ocurre en Chubut es dramático y doloroso, pero no se soluciona con un paro nacional. Es un conflicto que permanece estancado, no hay consensos básicos, no se vislumbra ningún acuerdo y lo que es peor, lejos de algún atisbo de solución, todo parece un espiral interminable en el que, por ahora, no hay ninguna negociación cercana. El gobierno de Mariano Arcioni no se muestra proclive a conciliar.

En ese contexto es que señalamos que la huelga fue innecesaria y absurda, una medida que no sólo castiga a miles de familias y sobre todo niños, sino que además erosiona el endeble sistema de educación argentino. El paro que hicieron el viernes último no sumó nada y mientras los máximos dirigentes del sindicalismo docente siguen declamando en las tribunas, seguimos sin debatir los problemas básicos que afectan la educación de nuestro país: hablemos de la reforma educativa, de las condiciones de infraestructura, de los presupuestos, de la formación docente, hablemos de la ley de financiamiento, de los acuerdos salariales y sobre todo, hablemos de los chicos, de los alumnos y de la educación que deben recibir.

El derecho a huelga es constitucional, tanto como el derecho a la educación. Encontrar el punto de equilibrio entre ambos y usar el primero sólo como medida extrema y excepcional, es una responsabilidad que le compete sobre todo a la dirigencia sindical docente, que debe reducir la conflictividad y encontrar una forma de reclamar que no afecte más a los alumnos.

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