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Un país sin ciudadanos de primera, de segunda y de tercera

¿Podrá o no podrá el Presidente avanzar con la modificación de las jubilaciones de privilegio? ¿Podrá o no podrá revertir las graves e irritantes iniquidades y distorsiones que sufre desde tiempo inmemorial nuestro sistema previsional? El proyecto está en el Congreso y será debatido en el actual período de sesiones extraordinarias y sin dudas, será seguido con mucha atención por una sociedad que en su mayoría cuenta las monedas para llegar a fin de mes y está harta de prerrogarivas y excepciones.

Hace mucho, muchísimo que Argentina necesita y espera un debate serio y profundo sobre los muchos privilegios que desnudan diferencias intolerables, hace mucho, muchísimo que Argentina necesita que la palabra equidad deje de ser usada solo para que suene lindo en los discursos, hace mucho, muchísimo que Argentina espera que la política se ponga los pantalones largos y se ocupe de verdad de todos los ciudadanos que viven en situación de desventaja. Y para que eso ocurra, hay que empezar a debatir temas como el que hoy motiva estas líneas.

El proyecto de ley para modificar las jubilaciones de privilegio alcanza a funcionarios del Poder Judicial y del Servicio Exterior, regímenes especiales que benefician a más de 8.000 personas que perciben haberes promedio de entre 235.000 y 335.000 pesos por mes, es decir, hasta 17 veces más que los jubilados que cobran la mínima de poco más de 14.000 pesos. Muchos diran que los “privilegiados” representan sólo el 3 por ciento del total de los jubilados, es cierto, pero eso no mueve la aguja del tema central que radica en lo extraordinario, excepcional y aventajado de su condición respecto al resto, ni borra del mapa los más de 25 mil millones de pesos anuales que le implican al Estado estos regímenes.

El mismo proyecto en sus fundamentos, refiere que esta reforma es parte de un conjunto de inicitavias que tienen por objeto “reducir las inequidades existentes en el sistema previsional, en buena parte originadas por regímenes especiales cuyas reglas de acceso y determinación de los beneficios han consolidado verdaderos sectores de privilegio dentro del régimen público de reparto sobre el que impactan”. No olvidemos además que el déficit del sistema previsional ha alcanzado en los últimos años valores cercanos a los 2 puntos porcentuales del PBI, situación que obviamente impone medidas urgentes para corregir esos desequilibrios.

No hay duda que uno de los momentos culminantes de la inequidad que soportamos desde hace más de 140 años llegó de la mano de la mega ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva aprobada el 21 de diciembre pasado, producto de la cuál el Presidente suspendió por 6 meses la ley de movilidad jubilatoria. Tal vez la vergüenza o tal vez el reclamo social le hizo ver la contradicción flagrante de su desición de congelar a los más vulnerables y eximir de la medida a “los privilegiados”.

Al respecto hay que decir que, aunque estamos tristemente acostumbrados a las incoherencias y los disparates, que nos pidieran “solidaridad y ayuda a los que menos tienen” mientras los que cobran los haberes más elevados permanecían intocables, fue un poco mucho. Tal vez por eso Alberto Fernández propuso, rápido de reflejos, cuando vio que la efervecencia iba in crescendo, tratar urgentemente un proyecto de ley que termine con las jubilaciones de privilegio.

No hay que explicar, o tal vez sí, a la luz de nuestra realidad, que el privilegio es la contracara de la equidad y que, el hecho de que se beneficie con un privilegio nada menos que el Poder Judicial, es casi una afrenta, un insulto a los que menos tienen y más necesitan. No hay que explicar, o tal vez sí, que en un sistema democrático no hay manera de justificar que hayan tenido, que tengan o que sigan disfrutando de ese o cualquier privilegio, ni ellos, ni nadie.

La equidad representa un valor social, vinculado al concepto de igualdad y justicia, por eso avanzar hacia un sistema equitativo de jubilación en los poderes públicos de un gobierno democrático, es una necesidad imperiosa, imprescindible e ineludible. Así como está, y aunque suene horrible, el sistema previsional argentino, distingue entre ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y es responsabilidad de la política corregirlo. Mucho más espantoso de lo que suena es vivirlo, así que no hay que rasgarse las vestiduras por las palabras, sino por la realidad.

Si el Presidente puede avanzar con la modificación de las jubilaciones de privilegio, corregirá un viejo extravío de nuestra democracia y hará del nuestro un país un poco mejor. Un país más equitativo, nada más, ni nada menos.

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