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Presentaron el Nuevo Régimen de Contrataciones de la UNLPam

El Rectorado de la UNLPam presentó al Consejo Superior para su aprobación un nuevo Régimen de Contrataciones. Priorizará la contratación de proveedores y prestadores pampeanos, cooperativas y Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs), que promuevan el empleo juvenil, incorporen la perspectiva de género, el cupo trans, y que incluyan personas con discapacidad. 

Además se incorporarán procesos tecnológicos y digitales para dotar de mayor transparencia y agilidad a todas las contrataciones públicas en la casa de estudios.

De aprobarse, esta modalidad entraría en vigencia desde el 1 de enero de 2020 y sería aplicada a todos los procedimientos de contrataciones que se inicien a partir de esa fecha.

El proyecto de la Secretaría Administrativa de Rectorado expresa que "la contratación pública desempeña un papel muy relevante como instrumento que debe colaborar a que emerja un modelo de desarrollo económico que genere altos niveles de empleo, productividad y cohesión social, al tiempo que se garantice un uso eficiente de los fondos públicos".

En ese sentido se incorporan cláusulas sociales que promuevan y generen el empleo juvenil. La UNLPam otorgará así preferencia inmediata e incondicional a los proveedores y prestadores pampeanos, con un mínimo de radicación de tres años, y a aquellos proveedores que adhieran al Programa de la provincia de La Pampa Primer Empleo, contratando a jóvenes de entre 18 y 35 años de edad, desocupados y sin experiencia laboral previa.

Además, como "agente dinamizador para conseguir una sociedad justa e igualitaria" y partiendo del principio de transversalidad en la perspectiva de género.

Tendrán preferencia en las contrataciones aquellos proveedores que incorporen en sus plantas de personal a mujeres que no hayan acumulado una experiencia laboral mínima en los últimos dos años y personas del colectivo trans, como medida en pos de promover el derecho a la igualdad y no discriminación y el derecho al trabajo.


Y también a aquellas que cuenten en su nómina de empleados personas con discapacidad, en una proporción no inferior al 4%, porcentaje establecido en la Ley Nacional Nº 22.431.

El nuevo régimen prevé darle preferencia a las empresas cooperativas como "movimiento socio-económico basado en valores y principios de igualdad y equidad, en el marco del cual las personas se organizan y asocian voluntariamente en empresas cooperativas de propiedad conjunta y democráticamente controladas para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales (…)
En el entendimiento de que, junto a las PYMES, contribuyen a la generación de empleo entre los colectivos más vulnerados a nivel laboral".

El proyecto explica que a fin de establecer mecanismos de desempate de ofertas, en caso de igualdad de precio y calidad, la UNLPam optará por dar preeminencia a aquel proveedor que acredite mayor acatamiento a las cláusulas sociales establecidas.

La normativa ajusta las compras públicas a los parámetros del desarrollo sustentable "entendido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”.

"Las Compras Públicas Sustentables deben asegurar que los productos y servicios adquiridos generen el menor impacto socio-ambiental posible, alcanzando la máxima eficacia económica y técnica y aumentando los niveles de eficiencia en la gestión pública; generando incentivos competitivos a las empresas para que desarrollen sus propias políticas en la materia, siendo estas uno de los actores importantes dentro de las contrataciones públicas", se expresa. Para ello se establecerán en los pliegos las especificaciones técnicas del producto o servicio que se requieran.

La nueva normativa apunta a dotar de mayor transparencia a todo el proceso de contratación pública por lo que "en pos de aumentar la eficiencia de los procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la información, las contrataciones comprendidas en este régimen procurarán realizarse utilizando tecnologías de información y comunicación, en particular para el régimen de publicidad y difusión, las notificaciones por vía electrónica, la automatización de los procedimientos y la digitalización de la documentación".

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