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Otra vez más, y van...

Nos van a volver a perjudicar, el proyecto de reforma del Ministerio Público es una involución institucional y democrática grave.

Nos van a volver a “perjudicar”. La palabra que usamos en la calle es otra, es bastante más descriptiva, pero poco académica, por ende, no apta para este espacio. Empieza con c y termina con ar, reemplace usted mismo cada vez que en el texto se tope con el cálido eufemismo “perjudicar”. Retomamos: nos van a volver a perjudicar, el proyecto de reforma del Ministerio Público es una involución institucional y democrática grave. El tratamiento propuesto por el oficialismo llega, además, en el momento perfecto en el que la ciudadanía está convenientemente con la cabeza puesta en otro lado.

El proyecto de ley de reforma del Ministerio Público, que obtuvo media sanción en el Senado el año pasado y se debate ahora en Diputados, tiene el objeto de avanzar sobre la independencia y la autonomía de la Fiscalía General y la Procuraduría General de la Nación. Todos los argumentos de quienes la impulsan pueden sonar muy políticos, pero son solo eso, disquisiciones discursivas. Imposible tapar el sol con un dedo, imposible ocultar lo que es tan evidente.

La tarea del Ministerio Público Fiscal, encabezado por el Procurador General de la Nación, es trascendental, es el órgano que instruye a los fiscales en los juicios orales, el que fija las líneas de la política penal y ejerce las acciones penales públicas y el que elabora las acusaciones ante la Corte Suprema en las causas que arriban al máximo tribunal. Por eso es sustancial que siga siengo un organismo extrapoder, independiente, con autonomía funcional y financiera, tal como lo estableció la reforma de la Constitución de 1994.

Nos van a volver a “perjudicar”, porque el proyecto que se debate en la Cámara de Diputados impulsado por el oficialismo, propone modificaciones que atentan tanto contra la independencia como contra la autonomía del Ministerio Público. La propuesta incluye cambios en el mecanismo de elección del Procurador General de la Nación, la posibilidad de suspender al jefe de los fiscales en caso de que se active un proceso de remoción y pretende también cambiar la composición del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal.

¿Cuál es el apuro por tratar un tema de semejante relevancia en un momento como el que atravesamos, por qué no abocarse a los temas que sí figuran en la agenda de la ciudadanía, por qué no trabajar para resolver las cuestiones que realmente son urgentes y reclaman soluciones ya, por qué nuestros legisladores se abocan a cuestiones que no son importantes en este contexto de emergencia?

Aunque pocos la dicen en voz alta, la respuesta la sabemos todos, la intencionalidad subyacente es evidente, hay un claro propósito de otorgarle a quien ejerza el poder, una herramienta, al menos un mecanismo de persuasión, para garantizar, en caso de ser necesario, algunas necesidades políticas. Nos van a volver a “perjudicar”, lo están haciendo, mientras estamos con la cabeza en el aumento de casos y en la marcha de la economía, la política sigue orientando su accionar hacia cuestiones que nada tienen que ver con las prioridades actuales de la sociedad.

Tiene 4 patas, una cola y ladra, pero nos dicen que no es un perro. Como, habiendo leído las modificaciones propuestas en el proyecto de reforma alguien puede argumentar que no se intenta vulnerar la independencia del Ministerio Público, cómo alguien puede indicar que no deja el órgano sujeto a los vaivenes de las ocasionales mayorías políticas, cómo se puede decir que estas modificaciones no podrían atentar contra las condiciones necesarias de imparcialidad del organismo, es una incógnita, un tanto irreverente ante la inteligencia de cualquier ciudadano que se tome el tiempo de leer el proyecto que debaten. Pero como ya sabemos, en nuestro querido suelo, todo es posible.

Mientras se debate el proyecto, la Federación Latinoamericana de Fiscales, hizo pública “su profunda preocupación ante la reiterada pretensión de algunos poderes políticos de la región, de menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores de justicia, conformando proyectos legislativos que desconocen que la `independencia judicial` constituye un derecho humano”. Tiene 4 patas, una cola y ladra, ergo, es un perro.

¿Cuál es el apuro por tratar este tema en este momento? ¿Por qué ahora, por qué en este contexto, con tantos temas que urgen? Nos van a volver a “perjudicar”, otra vez más y van…

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