Editoriales | ONU

Un costo político inesperado

Es gravísimo que el Relator de la ONU haya remitido al Gobierno de nuestro país un pedido de informes por sospechas sobre la violación de la independencia judicial. Tanto, que amerita una cuidadosa explicación por parte del Poder Ejecutivo antes de concluir su mandato.

Patear la pelota y dejar que la próxima gestión se haga cargo, sería un error poco inteligente.

El escándalo viene de la mano de una carta de la ONU rubricada por el jurista peruano Diego García Sayán, quien pide informes por sospechar sobre un “plan sistemático y estructural” de violación de la independencia judicial, de persecución a jueces y fiscales que no respondían a los designios de la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri.

La presentación formal ante el reconocido Relator, titular de la Relatoría Especial para la Independencia de Magistrados y Abogados de la ONU, fue realizada por los abogados de la agrupación argentina Abogados por la Justicia Social (AJUS) a mediados de este año y resulta obvia la contundencia de lo que denunciaron porque la ONU, luego de analizarlo, dio curso a este contundente pedido de explicaciones.

El Gobierno de nuestro país tiene ahora un plazo de 60 días para contestar los cargos sobre presiones, arbitrariedades y manipulaciones y más vale que lo haga, porque para colmo de males, a la jerarquía institucional de la Relatoría, hay que sumar el peso específico personal de García Sayán, un jurista con enorme reconocimiento en toda la región y una de las voces más autorizadas en materia de derechos humanos, por ende no se trata de cualquier relator, se trata de uno de los más prestigiosos.

Las consecuencias que puede tener sobre el actual y el futuro gobierno la presentación del Relator de Naciones Unidas son varias, y todas muy graves, sobre todo porque además de interpelar a la gestión actual, envía un mensaje contundente para el Gobierno entrante, al que pone entre la espada y la pared. Fernández no va a tener otro camino que arremangarse y encarar las reformas necesarias para lograr una mejor administración del servicio de justicia.

Hace mucho que como sociedad hemos dejado clara nuestra desconfianza sobre el accionar de la justicia y sobre el rol del Poder Judicial, hace mucho que descreemos de la imparcialidad, la neutralidad y la objetividad de la justicia, por lo que el señalamiento de la ONU no hace más que ratificar la fiabilidad de nuestras sospechas. Ahora no lo decimos nosotros, lo dice Naciones Unidas y eso hace que todo tome otra dimensión.

Un detalle no menor es que el organismo internacional se caracteriza por el estricto respeto de normas diplomáticas y protocolares, es muy medido a la hora de los señalamientos, por lo que como mínimo, llama la atención la contundencia de las palabras que aplica para el caso argentino. Se podría decir que en el contexto de los informes habituales de ONU, este es muy duro, lo que agrava la naturaleza y seriedad de los hechos que denuncia.

Con independencia de quién conteste finalmente el informe y qué explicaciones brinde, el costo político que como país vamos a pagar ante la comunidad internacional, es altísimo, sobre todo la gestión saliente, que dicho sea de paso, debería contestar antes de irse y dar su versión de los hechos, es la única oportunidad que tendrán de defenderse.

Si deciden dejar al baldón para los que siguen, además de arruinarse la oportunidad de defensa, quedarían muy mal parados como oposición y le darían la razón al Frente de Todos, que en innumerables ocasiones acusó al oficialismo de gestar una justicia adicta al poder. Ya no serán suspicacias políticas, serán verdades irrefutables y de semejante mazazo no se sale indemne.

El pedido de explicaciones de ONU es un enorme problema que sin dudas Macri no esperaba en el cierre de su gestión, un dolor de cabeza imprevisto en una de las áreas que más cuidó, uno de los aspectos que lo enorgullecían de su gobierno: los avances en política internacional. Por eso la naturaleza, gravedad y seriedad de los hechos denunciados le arruinan los últimos días de mandato. De la decisión de responder o no hacerlo y de lo que diga en su explicación, depende ahora no sólo la imagen internacional de su gestión, sino la de los argentinos. Nada más, ni nada menos.

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