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Ni justicia por mano propia, ni ausencia del Estado

Seguramente Ríos no ponderó que cuando apretó el gatillo y lo mató, también se suicidaba. Desde ese momento cambió su vida para siempre, una transformación sin vuelta atrás y sin reparación posible. No es la intención de estas líneas analizar si el jubilado de Quilmes es inocente o culpable, si actuó en legítima defensa o cometió un exceso para repeler la agresión, el objetivo es poner el foco en las consecuencias de un Estado ausente, en el resultado y las secuelas de que cada uno tenga que defenderse como pueda.

En el nudo de la cuestión no está el caso de Ríos, ese no es el fondo, la esencia excede ampliamente la pesadilla del robo que sufrió el jubilado. La verdadera disputa es el Código Penal, la paleta de interpretaciones que ofrece el abanico legal y por supuesto, la discusión social sobre un concepto de fondo que nos divide y tiene que ver con la delincuencia.

Detengámonos un segundo en un par de detalles importantes: Ríos dormía en su casa, se despertó porque escuchaba ruidos y se encontró con cinco asaltantes, todos barrabravas de Quilmes, que ingresaban por tercera vez en la misma noche a robar en su vivienda. Lo golpearon, torturaron e intimidaron con un destornillador mientras le exigían dinero y le propinaban una paliza feroz. Ríos logró tomar un arma y disparar. Huyeron, los persiguió, uno estaba herido, por eso logró alcanzarlo y disparó.

Días después, los familiares del asaltante muerto, “escracharon” al jubilado en la puerta de la casa donde cumple prisión domiciliaria al grito de “mi hijo se quedó sin papá gracias a este señor”, “¡que dé la cara!”. Es decir que los familiares del delincuente muerte, han naturalizado que robar, atacar violentamente a una persona y delinquir, es un modo legítimo de ganarse la vida. No sienten vergüenza por las circunstancias en las que lo mataron, exigen ¿justicia?

Dos detalles no menores: el primero es que el jubilado optó por tener un arma en su domicilio y también usarla para defenderse. El segundo es que los victimarios, se perciben como víctimas, que conciben el delito como un trabajo. Ahí está el gen de esta batalla social, cultural y judicial que tenemos que desmadejar.

El punto de intersección de ambas cuestiones se encuentra en la ley de la selva producto de la ausencia del Estado. Cada uno hace lo que puede como puede. Obviamente una sociedad civilizada no funciona así, no hay convivencia ciudadana posible si la opción es hacer justicia por mano propia o suponer que salir a robar en banda y reventar a piñas a un jubilado solo e indefenso, es correcto, es normal y natural.

Negar, como hace el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que asegura que ha bajado el delito en su jurisdicción, no ayuda. Tampoco estigmatizar, señalar o simplificar, suponiendo que los delincuentes son los de las villas, el delito está dentro y fuera de las villas, en todo caso, los habitantes de los conglomerados más vulnerables, necesitan la presencia del Estado garantizando sus derechos.

Algo es irrefutable, porque ha sido suficientemente estudiado y además, está respaldado por las estadísticas: resistirse o intentar defenderse de un asalto con un arma, suele tener peores consecuencias que no hacerlo. Lo habitual es que los delincuentes aumentan exponencialmente su agresividad y casi siempre, terminan abriendo fuego. Lo mejor es seguir las instrucciones con la mayor calma posible. Eso reduce las consecuencias y los daños.

No hay manera de pasar por un episodio traumático sin huellas psicológicas permanentes, mucho más si la agresión además de traumática es dramática, como suele suceder cuando quedan también secuelas físicas producto de golpes o torturas. Aún así, las heridas sanan y lentamente, la víctima puede ir recuperando cierta estabilidad emocional, no sin trabajo y recaídas. Pero cuando la opción es tener un arma y apretar un gatillo, cuando de ese gatillo sale una bala que mata a otro, ya no hay vuelta atrás ni reparación posible. En ese mismo momento, la vida del que lo hizo cambia para siempre.

La justicia por mano propia es tan inadmisible como la ausencia del Estado. En ambos casos, estaríamos aceptando vivir bajo el imperio de la ley de la selva, reemplazar la Justicia por venganza o revancha. Necesitamos respuestas de la policía, de la Justicia, de las instituciones, el Estado tiene que actuar, tiene que sancionar el delito, no todo puede ser lo mismo, no todo puede dar lo mismo. Si no lo hace el Estado, van a crecer los delitos y los Ríos que deciden hacer lo que pueden y creen que pueden “hacer justicia”. Necesitamos políticas urgentes en materia de seguridad, políticas, no juegos dialécticos, esos sobran.

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