Editoriales | Sergio Berni | Cárceles

La problemática carcelaria argentina exige respuestas

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires es polémico, por eso cada tanto patea el hormiguero y abre un nuevo debate. Sin embargo, muchas de las controversias que genera, están fundadas en planteos sobre temas que nadie quiere abordar porque son una papa caliente. Es el caso de la discusión que desató en los últimos días con sus declaraciones respecto a cómo comenzar a solucionar la superpoblación carcelaria: Berni propone un año de trabajo por uno de libertad, al estilo del sistema de Brasil. Y, como era de esperar, estalló la tormenta.El primer punto insoslayable sobre este tema es que realmente tenemos un problema gravísimo con la sobrepoblación carcelaria y que algo hay que hacer. Partiendo de esa base como denominador común indiscutido, se puede empezar a analizar y barajar distintas posibilidades. Porque nadie en su sano juicio puede poner en discusión que esta es una problemática que no da para más. Las últimas estadísticas oficiales disponibles, corresponden a fines del 2018 y revelan que, en la Argentina, en ese momento, teníamos unas 103.000 personas privadas de la libertad y 308 centros de alojamiento, sin contar las comisarías. Las cifras disponibles indican que la superpoblación caracteriza nuestras cárceles y que hay además una tendencia ascendente sostenida desde 2007 a la fecha, que supera con creces la tasa delictiva, tasa que representa una tercera parte de la de encarcelamiento. Es decir, que contrariamente a la percepción de la ciudadanía, que insiste en dar crédito al lugar común de ‘la puerta giratoria’, la realidad es que año tras año se encarcelan más personas mientras el número de delitos se sostiene relativamente estable. Con lo cual, no hay chances, si no hacemos algo, la situación va a ser cada vez peor. Sumemos un detalle no menor, que fue noticia en los últimos meses también en nuestra provincia: la mitad de la población carcelaria del país se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva, sin que se haya realizado un juicio que determine su culpabilidad. Recordarán el habeas corpus presentado por los defensores oficiales de la Segunda Circunscripción Judicial de nuestra ciudad, por la situación de hacinamiento de los detenidos. En la presentación los defensores destacaron que las comisarías de Pico estaban “dobladas en su capacidad”, aseveración que fue respaldada públicamente por el presidente del Colegio de Abogados quien cuestionó algunos “vicios o excesos” en “la gestión de la prisión preventiva” que suele cumplir el papel de “anticipo de pena” y genera sobrepoblación en comisarías y alcaidías.

No hay que ser un especialista para enumerar los efectos negativos de la sobrepoblación carcelaria: hacinamiento, facilitación de episodios de violencia entre los presos y entre éstos y los funcionarios penitenciarios, deterioro de las instalaciones como consecuencia del uso intensivo, incremento de la dificultad de acceso a derechos básicos y esenciales, como comida, salud, trabajo o educación, por la sencilla razón que la mayor cantidad de reclusos dificulta y disminuye las posibilidad de acceso a los escasos recursos que tiene el sistema.

La superpoblación carcelaria desnuda la peor faceta del sistema penitenciario argentino y no tenemos políticas públicas ni estrategias de abordaje de la problemática, estamos literalmente estancados.

En ese contexto, la ‘solución’ que propone el ministro bonaerense Sergio Berni puede no ser el ideal, puede constituir una mala solución, pero por lo menos es un intento de hacer algo con la urgencia penitenciaria de larga data, que se transformó en emergencia penitenciaria desde marzo del año pasado, pero que es emergencia solo en lo formal, porque desde ese momento a la fecha, la única vez que el tema sacudió el tablero de la discusión nacional, fue ahora, a raíz de la propuesta del polémico ministro. Sergio Berni dice que lo único que sugieren desde distintos ámbitos, tanto públicos como privados, para superar la crisis carcelaria, es adelantar libertades y que lo que él plantea es superador y contribuye a “rehabilitar y resocializar”. El funcionario asevera que “la seguridad no reconoce cuestiones ideológicas, hay que ser pragmático y práctico”.Algo es seguro: la problemática carcelaria argentina es grave y exige respuestas. Estamos a años luz de cumplir el precepto constitucional de cárceles sanas y limpias para seguridad y no para castigo, y cada vez que se aborda el tema nos agotamos en la descripción de las condiciones inhumanas y degradantes del sistema penitenciario. Tal vez Berni no tenga razón, no lo sabemos, no somos idóneos para juzgar su propuesta, pero algo hay que hacer y por lo menos él propone, que, en un panorama tan desolador como el que atravesamos hace años, no es poca cosa.

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