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La cantidad de denuncias llegó a las tres cifras sumando más de 130 millones

La magnitud de denuncias y dinero reclamado no deja de crecer respecto al caso de estafa en Quemú Quemú, que investiga la justicia piquense y que tiene como imputado al vecino de esa localidad, Cristian Hecker, y a su madre, Yolanda Martín, como coautora.

Día a día han ido apareciendo víctimas que llevaron a que actualmente sean 108 las denuncias en contra de Cristian Hecker y su madre, por cifras que suman, entre todas, 130 millones de pesos aproximadamente.

Hecker está afrontando el proceso judicial con una prisión preventiva que lo mantiene en dependencias de una comisaría de nuestra ciudad. Su madre, la detención que se le aplicó fue domiciliaria, por lo tanto la cumple en su casa de Quemú.

Vale recordar que Cristian Hecker había logrado, a través de su abogado (Vázquez) y la aprobación de la jueza Jimena Cardoso, la prisión domiciliaria, pero luego esa medida fue cambiada por la preventiva en comisaría, como cualquier preso común.

Antes y durante de las determinaciones tomadas en las audiencias, también se hicieron allanamientos en el domicilio quemuense y en las empresas (cuatro en total) que pertenecen a los Hecker. Todo se fue incorporando a la causa junto a esas denuncias de vecinos (la gran mayoría de Quemú.

En principio fueron 28 los denunciantes con los que ya se imputó a Hecker por supuesta estafa, con esa cifra se llegó a la audiencia de formalización, pero luego la cantidad de reclamos de damnificados creció increíblemente, computándose en la fiscalía que titulariza Armando Agüero, más de un centenar, con lo que creció también el dinero en cuestión que llega a los 130 millones de pesos, aunque vale aclarar que hay denuncias donde el importe que se reclama está en dólares.

Era como un banco local

Hecker, en todo momento prometió devolver lo que en su financiera habían depositado, insistiendo que la situación en la que entró el país por la pandemia y el parate total, derivó en una iliquidez que le impidió responder a aquellos clientes que intentaron retirar el dinero y los intereses prometidos en el acuerdo que tenían.

Es importante remarcar que la empresa de los Hecker no tenía el funcionamiento común que se les conoce a este tipo de actividades financieras. En su caso se parecía más a una típica actividad bancaria, ya que el dinero que se les confiaba se transformaba en un plazo fijo que, como ocurre en cualquier banco, da intereses y se renuevan mensualmente o por un tiempo mayor.

La gran mayoría de los clientes que confiaron en Hecker dejaron siempre el dinero depositado y a la sumo cobraron los intereses. Esa plata aparentemente fue invertida en el funcionamiento de las empresas que creó la familia bajo la batuta de Cristian Hecker, un joven con carrera universitaria que lo licenciaba para hacer, con suficiente conocimiento, este tipo de manejo de negocios con tanto dinero de por medio.

Las empresas están, pero lo que no está es el dinero que en todo este tiempo la gente de Quemú le confió a esta especie de banco local. Y ahí está el punto que hace que las denuncias tengan su asidero, porque se trata de un dinero confiado a alguien con el acuerdo de que podía ser devuelto cuando se venza el último plazo fijo firmado.

Si bien no hay datos oficiales del momento de dinero de cada una de las 108 denuncias, se supo que los reclamos son muy variados. Porque hay víctimas que están reclamando millones de pesos (50 millones habría en una sola denuncia) y otros que están reclamando por 10 dólares, que le confiaron a Hecker y ahora quiere que se lo devuelva.

En cuanto al rol de la madre de Hecker, su firma (Yolanda Martín) aparece en la gran mayoría de los documentos que acreditan el monto que reclaman las víctimas, porque era la que atendía al público que llegaba a la financiera, depositaba el dinero y se llevaba el papel firmado por esta mujer.

Guiándonos por declaraciones que hizo el propio intendente de la localidad, Alfredo Fernández, el daño que está generando esta situación afectaría al 80% de la población. Porque si bien son todos particulares que, con nombre y apellido están denunciando, en algunos casos se trata de dinero recaudado por entidades del medio y que estaba destinado a obras o a compromisos futuros que ahora no pueden afrontar.

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