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El STJ aclaró que 'en ningún momento' dejó de asumir sus responsabilidades

El Superior Tribunal de Justicia emitió un comunicado de prensa aclarando que respondió 'inmediatamente' frente a distintas presentaciones realizadas por empleadas de los Tribunales locales, por supuestos maltratos y acosos laborales.

El STJ salió así al cruce de expresiones realizadas recientemente por la Asamblea de Mujeres piquenses.

El comunicado del Superior Tribunal de Justicia remitido a esta redacción, señala lo siguiente: “Frente a afirmaciones públicas inexactas, relacionadas con cuestiones internas del Poder Judicial, expresa que en ningún momento dejó de asumir las responsabilidades que le corresponden y, por el contrario, respondió inmediatamente frente a presentaciones de dos empleadas por presuntos maltratos y acosos laborales en el ámbito de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en General Pico.

El primer escrito poniendo en conocimiento al STJ de esas supuestas conductas, enmarcadas en un contexto de violencia de género, está fechado el 21 de septiembre de 2018. Prestamente se inició una información sumaria y se dio intervención a la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica para que remitiera un informe técnico.

El expediente administrativo, con ese informe incluido, fue elevado el 11 de octubre a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, ya que el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de La Pampa, referido al régimen disciplinario, fija que ‘el procedimiento sumarial’ será establecido por la Ley 1830 (Orgánica de la FIA), para que se ‘garantice el debido proceso y la defensa’. Eso significa que, a partir de ese momento, la investigación administrativa quedó a cargo de ese organismo y, por lo tanto, el Poder Judicial no tiene injerencia en ella.

A su vez, cuando el expediente fue remitido a la FIA, el Superior Tribunal dio vista de ello a la fiscalía general de la Segunda Circunscripción ante la eventualidad de que pudiera haber cometido un delito de acción pública. El Ministerio Público Fiscal abrió un legajo penal, pero ante la falta de ratificación de la denuncia, debió archivarse.

El 17 de septiembre de este año, el STJ requirió un nuevo reporte a la OMyVD y, a partir de esa iniciativa se elaboró otro informe técnico dando cuenta de un segundo caso de presunta violencia laboral contra una empleada. Por consiguiente, ese informe se giró inmediatamente a la FIA.

Esa empleada solicitó una licencia extraordinaria y el STJ se la concedió, encuadrándola dentro del artículo 30° quarter del Reglamento de licencia, asistencia y puntualidad; es decir licencia por violencia de género. En el caso anterior, la empleada había pedido, en forma inmediata a la presentación del escrito, el pase a otra dependencia y le fue otorgado al instante con las mismas condiciones laborales que tenía hasta ese momento.

A su vez, uno de los imputados en el expediente que se tramita en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas también requirió el pase a otra dependencia y le fue concedido.

Con esta cronología de los hechos, el STJ quiere dejar en claro que en ningún momento dejó de asumir su responsabilidad como superintendente general sobre todos los organismos del Poder Judicial y, menos aún, trató transformó “la denuncia de una mujer en un mérito trámite”, como se dijo públicamente de manera liviana.

Tampoco el Poder Judicial se ‘llamó a silencio’, como se dijo falazmente. Por el contrario, actuó en consecuencia y rápidamente en lo interno y quedó a la espera de la resolución final de la FIA, respetando su independiente y autonomía en su condición de organismo extra poder.

Patriarcal

Finalmente, resulta difícil comprender la calificación de ‘patriarcal’ a un Poder Judicial donde el 63 por ciento de su personal entre empleados, funcionarios y magistrados es femenino. Y peor aún quizá por desconocimiento exigir la realización de capacitaciones y talleres sobre perspectiva de género cuando en La Pampa está en plena implementación la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública. Casualmente, ayer una de esas capacitaciones se dictó en General Pico.

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