LA PROVINCIA | ESI

El Estado tiene que garantizar la ESI

Los datos que brinda UNICEF Argentina son escalofriantes: cada 5 minutos una menor de 19 años es madre en nuestro país, son jóvenes que no eligieron convertirse en madres y que generalmente terminan abandonando sus estudios y condicionando a su nueva realidad su proyecto previo de vida en obvia desventaja con las opciones que tienen sus compañeros varones. Las estadísticas argentinas también dicen que cada 3 horas se convierte en mamá una menor de 15 años y que casi en la totalidad de los casos el embarazo obedece a un abuso intrafamiliar. En nuestro país el abuso infantil afecta a una de cada 5 niñas y a uno de cada 7 varones. Las cifras son terribles e inconcebibles en idéntica proporción.

Que la mayoría de las situaciones de abuso sexual que sufren niñas y niños se produzcan en su círculo familiar, que sean perpetradas por personas de confianza, que además de abusarlos ejerzan amenazas y violencia para obligarlos a guardar silencio, complejiza aún más la prevención. Paradójicamente son ultrajados en sus hogares, el lugar en el que deberían estar seguros y protegidos. En este contexto, la Educación Sexual Integral adquiere un rol fundamental al brindar herramientas que contribuyen no solo en la prevención, sino también en la provisión de un espacio confiable para denunciar los abusos.

La Pampa es una excepción, nuestra provincia aplica la ESI desde hace más de una década, tanto es así que hasta se ha implementado un Plan de Monitoreo de la enseñanza de la Educación Sexual Integral para las unidades educativas de Nivel Inicial, Primario y Secundario, con el objeto de visibilizar y hacer públicas las acciones e identificar al mismo tiempo las necesidades de acompañamiento o de formación. Pero, como expresamos al inicio del párrafo, nuestra provincia es la excepción.

Según varios informes de distintas instituciones, entre ellos Ctera, el Programa Nacional de Educación Sexual sufrió un pronunciado retroceso en su implementación en los últimos años, retroceso que incluyó un desmantelamiento sistemático a través de grandes recortes presupuestarios y la suspensión de las capacitaciones masivas a docentes, lo que sumado a los obstáculos y objeciones de muchas instituciones religiosas, produjo un escollo insalvable para la aplicación real de la ESI en las escuelas.

La ESI no es, o mejor dicho, no puede ser una cuestión de preferencia institucional, debe ser una exigencia. No podemos darnos el lujo de que no llegue a todos los niveles de todas las modalidades. Tampoco debería estar reservada a un espacio curricular, por el contrarío, tendría que estar garantizado el abordaje a través de distintos contenidos de manera específica y transversal, adaptados a cada uno de los niveles. Pero para que eso suceda, todas las autoridades, empezando por las nacionales, deben estar convencidas que aplicarla es perentorio.

Las cifras de abusos y embarazos no deseados en Argentina son tan contundentes, que realmente no debería haber oposiciones ni resistencias. Cuando la escuela no enseña desde los primeros años a distinguir una caricia de un manoseo, cuando no brinda un espacio de seguridad en el que poder contar lo que sucede en el entorno familiar, cuando no enseña que nadie tiene que hacer con nuestro cuerpo lo que no queremos y que podemos decir que no, la escuela también pone en riesgo nuestra infancia. Nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan la ESI, no es una elección institucional, no tiene que ver con la religión, ni con lo que piense o crea cada docente, tiene que ver con el derecho de nuestros chicos, porque la ESI es un derecho y el Estado tiene la obligación de garantizarlo.

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