Editoriales | Discapacidad

Los discapacitados están fuera del mercado laboral

Si de verdad queremos una sociedad equitativa, donde todos sus miembros tengan igualdad de oportunidades, el acceso al trabajo de las personas con discapacidad tiene que dejar de ser un tema tangencial atado al trabajo de ONGs para transformarse en una cuestión de Estado. Las cifras oficiales sobre la temática son muy elocuentes y demuestran que el derecho al trabajo de las personas con discapacidad es uno de los más vulnerados, sólo un 32,2% de esta población en edad laboral logra acceder a un empleo.

Revertir la situación de injusticia en nuestro país, implica atacar la problemática por varios frentes, de los cuáles el desconocimiento es sin duda la principal barrera. Nuestros discapacitados no solo resultan invisibles para el mercado laboral, sino que además seguimos poniendo el foco en lo que no pueden en vez de concentrarnos en lo que sí pueden, eso hace que a la hora de buscar un trabajo, los discapacitados tengan una exigencia extra: demostrar sus capacidades. Tienen así un doble o triple requerimiento: superar sus propios miedos ante la mirada ajena, porque muchas veces ellos mismos sienten que no pueden competir, hacerse visibles y probar que pueden. Es mucho más que lo que usualmente está obligado a superar el resto.

Las experiencias que relatan quienes han atravesado la experiencia de una entrevista laboral, coinciden en destacar que la primera mirada de su interlocutor, está puesta en la discapacidad y que las empresas no siempre detectan las competencias que tienen porque ponen el ojo en la discapacidad antes que en la idoneidad, aún a riesgo de perder tal vez, el o la mejor postulante.

A esto se suma una problemática legal, la incompatibilidad entre pensión por discapacidad y trabajo. Nuestra legislación establece que si una persona es contratada pierde automáticamente su pensión, por lo que el discapacitado teme quedarse sin nada si el trabajo no funciona. No es un tema menor, si consideramos que tramitar una pensión por discapacidad insume como mínimo 2 años, por ende, el miedo es lógico y absolutamente justificado. No olvidemos además, que perder la pensión implica perder el acceso a la obra social, a los medicamentos y a los tratamientos, un lujo imposible. Entonces, una política seria para incentivar la inclusión, debería permitir por ejemplo, que el beneficio quede en stand by y se active instantáneamente ante la pérdida del puesto.

Tampoco se cumple el famoso cupo del 4% que por ley el gobierno nacional y las empresas prestadoras de servicios públicos deben reservar en su nómina para empleados con discapacidad. Las organizaciones no gubernamentales abocadas a la problemática, refieren respecto a este punto específico que, si se cumpliese la ley y realmente el Estado y todas las empresas que brindan sus servicios al Estado lo respetaran a rajatabla, no alcanzarían las personas para cubrir todos los puestos.

Como nada de esto sucede, estamos supeditados al trabajo voluntario de organizaciones solidarias que promueven cambios a través de talleres protegidos, cooperativas de trabajo, campañas de concientización y contactos cara a cara con empresas, un trabajo solitario y de hormiga, que da excelentes resultados pero que, por las características de las organizaciones, queda restringido a sus territorios. Como es el caso de la Fundación Oficios Down de nuestra ciudad, que desarrolla una labor encomiable, digna de destacar y con grandes frutos.

Para que las personas con discapacidad dejen de ser sujetos de caridad y pasen a ser sujetos de derecho, para que las personas con discapacidad estén realmente incluidas en el mundo laboral, el Estado tiene que asumir un rol activo a través de políticas públicas que fomenten la inserción en el mundo del trabajo y por supuesto, tienen que cumplir y hacer cumplir la ley vigente, tema en el que sin ninguna duda, le cabe la responsabilidad de educar con el ejemplo.

La igualdad de oportunidades y la inclusión en abstracto son sólo alegorías, bellas desde lo simbólico pero inútiles desde lo concreto. La igualdad de oportunidades necesita políticas de Estado y las políticas de Estado no se desarrollan con palabras, sino con acciones. Por ahora, el 67,8% de los discapacitados argentinos sigue fuera del mercado laboral.

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