Editoriales | Cárceles

¿Cárceles sanas y limpias?

El 24 de octubre pasado, defensores oficiales de General Pico presentaron un habeas corpus por el hacinamiento que sufren los detenidos en comisarías de la ciudad. El número duplica la capacidad de alojamiento en las dependencias, con lo cual no es menester contar con demasiada información para imaginar las condiciones en las que viven las personas privadas de su libertad.

Agreguemos un punto clave en este problema: en La Pampa las comisarías ofician de prisiones, cosa que no debería ocurrir si el Servicio Penitenciario Federal cumpliera con el convenio que firmó oportunamente con la provincia, eso hace que en nuestras dependencias policiales convivan los presos que cumplen condenas firmes con los que están detenidos a la espera de sentencia.

A la presentación del habeas corpus se sumó el apoyo del Colegio de Abogados, que cuestionó, a través de su presidente, “los excesos o vicios” en la gestión de la prisión preventiva que genera sobrepoblación en comisarías y alcaidías.

Y casi de inmediato llegaron las réplicas, primero de un juez que aseguró que no hay un aumento de las prisiones preventivas, y luego del procurador general de la provincia que aseguró que la prisión preventiva se aplica bien en el ámbito provincial y aclaró además que “nunca excede el plazo razonable establecido”.

Finalmente, intervino el ministro de Gobierno señalando que la falta de capacidad para alojar detenidos obedece al incumplimiento del convenio rubricado con el Servicio Penitenciario Federal.

El gran problema del problema, y no es una redundancia, no son ni nuestras comisarías ni nuestras alcaidías, el gran problema del problema son las cárceles argentinas, nuestro sistema penitenciario, que necesita urgentes cambios radicales.

El último dato oficial disponible revela que a fines del 2018 había en todo el país 103.000 personas privadas de su libertad, alojadas en 308 centros, sin contar comisarías. El gran problema del problema, insoslayable, es la sobrepoblación carcelaria, denominador común indiscutido que afecta a todas las cárceles de la Argentina, y no de ahora, de hace años.

Los datos oficiales también demuestran que el número de personas detenidas supera ampliamente la tasa delictiva, que representa la tercera parte de la tasa de encarcelamiento, año tras año crece el número de personas privadas de su libertad, pese a que la cantidad de delitos se mantiene relativamente estable.

Si juntamos esa referencia con el hecho de que prácticamente la mitad de la población carcelaria se encuentra bajo el régimen de prisión preventiva, es decir, sin que se haya realizado un juicio que determine su culpabilidad, lo expresado por los defensores oficiales y el Colegio de Abogados coincide a pie juntillas con lo que ocurre en el resto del país.

Una persona presa, pierde uno de los valores más preciados por cualquier mortal: su libertad, por ende, no estamos refiriendo a un tema menor o intrascendente. Queda claro que la situación nos aleja de cumplir con el precepto constitucional de las cárceles sanas y limpias. Ni sanas, ni limpias, hablamos de hacinamiento, de episodios de violencia como consecuencia de las mismas condiciones de detención, del deterioro inevitable de las instalaciones, de las serias dificultades para acceder a derechos tan básicos como esenciales como consecuencia inevitable de más presos y necesidades para atender con los escuetos recursos que dispone el sistema.

El problema del sistema carcelario argentino viene de arrastre, de años, y cuanto más tiempo pasa, más se profundiza y más difícil es su solución, porque implica una situación más grave. una inversión mayor en cuanto a lo edilicio, y una discusión más amplia respecto a los criterios de la prisión preventiva.

Recordemos que la detención cautelar de un imputado, previa al dictado de una sentencia, es procedente cuando se verifica peligro de fuga o riesgo de entorpecimiento de la investigación y que en nuestro Código rige la presunción de inocencia hasta tanto se compruebe la responsabilidad penal por un delito.

Por lo tanto, la prisión preventiva es procedente solo si se verifica peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación, con lo cual, analizar nuevamente cada caso, como propone el Colegio de Abogados, no sólo sería positivo para La Pampa, le vendría bien a todo el universo judicial y seguramente aliviaría provisoriamente el sistema carcelario.

Independientemente de lo que se decida en el caso específico de este habeas corpus, el problema penitenciario exige un análisis urgente, hay que revisar el sistema y buscar soluciones urgentes, porque es innegable que, así como estamos, nos encontramos muy lejos de cumplir con el precepto constitucional de “cárceles sanas y limpias”. Quienes comparten responsabilidades en el tema, no deberían agotarse en la descripción de la situación, la gravedad del problema es tal que los obliga a proponer un discusión y soluciones urgentes. Seguramente todos compartimos que nadie debería ser encarcelado en condiciones inhumanas y tampoco sin que existan elementos de prueba suficientes para imputarle un delito reprimido con pena privativa de libertad. Es un principio por donde empezar a desenredar la madeja de este gran problema.

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