POLICIALES | violencia de género

"Ante el incumplimiento de una medida restrictiva, corresponde prisión preventiva"

La prohibición de acercamiento y la utilización de elementos tecnológicos permiten a la Justicia brindarle seguridad a las víctimas. En General Pico, son numerosos los dispositivos activos.

La violencia de género es un flagelo que no entiende clases sociales, economía, barrios o regiones. La sociedad toda se encuentra atravesada por esta problemática que no tiene una solución inminente, sino que la misma podrá ir encontrándose con un largo proceso de reordenación cultural.

Las marchas de mujeres que bregan por mayor protección e igualdad de oportunidades continúan desarrollándose en aumento, aunque parecen ser desoídas por muchos que aún creen tener supremacía sólo por el sexo con el que nacieron. Esto se observa en los continuos ataques físicos, psicológicos y económicos que sufren las víctimas, quienes optan cada vez más por realizar las denuncias correspondientes.

Las audiencias en el Palacio de Tribunales tratadas por la Fiscalía de Delitos de Familia y Género se llevan a cabo cada día, denotando que la violencia persiste en la ciudadanía. Para prevenir mayores inconvenientes, una vez comenzado el proceso penal, se mantienen distintas medidas, con el objeto de brindar seguridad a la damnificada de turno.

Por su parte, la asociación civil ‘Vivas las Queremos’ hizo público recientemente un informe en el que manifiestan que las normativas no son cumplidas y nueve de cada diez varones rompe con las restricciones impuestas por la Justicia. En este breve texto explican las causas y apuntan contra el Estado.

“Del mismo modo que venimos alertando a las autoridades desde enero de 2019 sobre la necesidad de mover el paradigma imperante para proteger a las víctimas de las violencias machistas, aseguramos que sólo uno de cada 10 varones denunciados cumple con las cautelares”, destacan en una primera parte del escrito.

Seguidamente, destacan a quienes sostienen como responsables: “Esto pone en evidencia el enorme vacío legal y la desprotección en la que se encuentran las mujeres que logran pedir ayuda a la justicia o a los organismos del gobierno”, indican.

“Sostenemos que el sistema actual de medidas cautelares o como se las conoce de prohibición de acercamiento para varones violentos, es arcaico y absolutamente perimido. El Estado sólo le da un papel firmado y sellado a las víctimas. Luego carga sobre la espalda de la víctima la responsabilidad de llamar y denunciar cada vez que el agresor viola la perimetral”, reza el informe.</SUBTITULO/2>El rol de la Justicia

La jueza de Control, María Jimena Cardoso, dialogó con La Reforma con el objeto de explicar la aplicación algunas medidas restrictivas, como la prohibición de acercamiento y elementos tecnológicos como el botón antipánico o la pulsera electrónica: “El juez de Control, en audiencia, dispone luego de un pedido de la Fiscalía que se otorguen o no estas medidas como sustitutivas de la prisión preventiva, que es la más gravosa”, comenzó.

Agregó, a continuación, que una vez que se introducen dichas disposiciones luego corresponde al personal policial que la mismas se cumplan según lo dictaminado por ley. “En la misma audiencia, se le advierte debidamente al imputado que, en caso de quebrantar dicha normativa, deberá someterse al régimen de prisión preventiva”, dijo.

Las reformas en el nuevo Código Procesal Penal tienen gran incidencia en este punto como consecuencia de la efectivización de dicho proceder. “Anteriormente y ante un incumplimiento se revocaba esa medida sustitutiva para que se mantenga con prisión preventiva en el plazo requerido, pero lo hacíamos producto de la jurisprudencia. Sin embargo, a partir del nuevo Código, ello ya está integrado en un artículo”, apunto.

La funcionaria judicial explicó, a su vez, que en caso que el Juzgado de Familia y el Menor aplique una medida de esta índole, su incumplimiento recaerá en la apertura de un legajo por desobediencia judicial. A partir de dicho delito, es que interviene la Justicia Penal. <EM>En este contexto, manifestó que de no cumplirse con esta medida la persona será inmediatamente aprehendida, como fuera advertido en la audiencia de formalización. En las situaciones en las que media la utilización de un dispositivo electrónico, es el CECOM quien debe actuar para derivar un móvil hacia el sitio donde se encuentra la víctima.

Previo a la obtención del botón antipánico, informaron fuentes judiciales, el representante legal debe consultar por sistema si efectivamente existen dispositivos para poder ser requeridos. En caso positivo, se debe elevar posteriormente el pedido para su aprobación.

Se pudo conocer, además, que uno de los últimos elementos de seguridad entregados lo recibió la presunta víctima del caso Barabaschi. Vale recordar que el abogado querellante, Martín Herrero Galvagno, había manifestado a este medio que el instrumento otorgado presentaba fallas que “fueron denunciadas en distintas oportunidades, sin respuesta alguna”.

Sistemas de control

Diario La Reforma consultó al jefe inspector Gustavo Orozco, a cargo del Centro de Control y Monitoreo de Santa Rosa, sobre el funcionamiento y datos estadísticos que hacen a la seguridad de las víctimas.

“Además de tener las cámaras de seguridad y la red de emergencia, tenemos lo que es botón antipánico, el sistema dual (cuenta con dos dispositivos, uno para la víctima y otro para el victimario”, explicó en primer término. Este doble control le permite al personal en cuestión llevar un seguimiento más exhaustivo de los movimientos de las partes.

“Aproximadamente, contamos con unos 60 botones antipánicos activados en total. A ello hay que sumarle, ocho sistemas duales por violencia de género y, a su vez, las tobilleras con un dispositivo denominado E4 que eso es utilizado para los detenidos domiciliarios”, mencionó Orozco.

El sistema dual se implementa en distintas localidades de la provincia, como en General Acha, Arata, Castex y Santa Rosa. “Esto trabaja en dos circunferencias de diámetro, una que se llama la zona restringida donde se marcan 500 metros y la de advertencia que se marcan otra distancia igual”, afirmó.

Agregó que para ello hay un control constante, con personal asignado que observa los sistemas duales, el botón antipánico y las tobilleras de detenidos domiciliarios. Esto se realiza así por la propia gravedad del hecho y la posibilidad de reincidencia en detrimento de la víctima.

Cuando el victimario está cerca de la zona de advertencia la señal le permite al personal policial tener el tiempo necesario para proteger a la damnificada, a quien se le avisa que se proteja hasta la llegada de los uniformados. En el caso que el agresor se encuentre dentro de la zona de advertencia, se busca establecer una comunicación.

“Si no responde o hace caso omiso a la advertencia, se activa el protocolo enviándose el móvil más cercano al domicilio de la víctima para protegerla. Se mantiene contacto con la persona contenida y, a la vez, se intenta contactar al agresor para que deponga su actitud”, apuntó.

Consultado por las posibles irregularidades que pueda presentar el dispositivo, Orozco afirmó que el sistema dual emite señales mientras que el personal revisa los botones antipánico constantemente para atender a las posibles fallas. En este último caso, por ejemplo, se le da aviso a la poseedora de este elemento que el mismo agota su batería.

En el caso que ocurran inconvenientes técnicos, se envía a personal especializado para su resolución o cambio pero, para mayor seguridad, cada uno de estos eventos quedan registrados en un sistema informático. “Las tobilleras, por su parte, cuentan con trabas que al ser violentadas no pueden ser colocadas nuevamente, dando aviso al CECOM”, agregó.

El jefe inspector fue consultado sobre la cantidad de objetos tecnológicos activos a disposición de la víctima, destacando que sólo hay 30 botones antipánico. En lo que respecta a dispositivos para víctimas y victimarios que comprenden el sistema dual, no hay ninguno de ellos.

“Todos estos sistemas, hasta el momento y a nivel provincial, no han fallado. Siempre se ha dado una respuesta efectiva a la víctima. Aquellos que han violado el perímetro, sea por error del victimario o por voluntad propia, no ha podido alcanzar a la damnificada por el rápido accionar”, indicó.

Pese a ello, informó que desde su asunción en el cargo, aproximadamente un mes atrás, se han producido diez incidentes. “En estas situaciones se lo aprehende y la Justicia le suspende esa medida”, añadió.

Aseguró que los botones antipánico no se entregan sólo por cuestiones penales, sino que desde el sector Civil también se aprueba la facilitación de los mismos. “El sistema dual sí es únicamente para género, pero el resto no, puede ser especificado para otros hechos”, manifestó.

Si bien fuentes judiciales afirmaron que el stock de los dispositivos presenta falencias, Orozco brindó su punto de vista: “Son dispositivos que se van agotando, que hay que renovar. Pero sí, tenemos más de 100 elementos para toda La Pampa que se atienden para que no queden fuera de funcionamiento”, cerró.

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