Editoriales | Alquiler

Casi nada

El meollo de la cuestión es el histórico déficit habitacional que padece nuestro país, un tercio de la población no tenga acceso a una vivienda digna.

Aunque se ha profundizado y multiplicado de manera exponencial en los últimos meses, el fenómeno de las ocupaciones ilegales no es un problema nuevo, ni tiene que ver con la pandemia, ni con un mimetismo repentino que provocó una imitación en masa. Hay un trasfondo antiguo, que arrastra un viejo debate con opiniones divididas incluso dentro del seno de mismo gobierno. El meollo de la cuestión es el histórico déficit habitacional que padece nuestro país, un tercio de la población no tenga acceso a una vivienda digna.

Faltan unas 3,6 millones de viviendas, y faltan porque construir o tomar un crédito para acceder a una propiedad, implica un compromiso a largo plazo y en Argentina el “largo plazo” es un parámetro que nos es vedado. Para la clase media, pensar en cualquier negocio, transacción o emprendimiento atado a la necesidad de una estabilidad económica, es simplemente utópico, inviable. Eso sin contar que no hay continuidad entre las políticas que aplican un gobierno y su sucesor, por lo que nunca se sabe a ciencia cierta qué puede ocurrir si una familia toma la decisión de endeudarse para tener el techo propio.

Para quienes atraviesan situaciones de mayor vulnerabilidad, la situación es mucho peor, porque directamente no pueden ni soñar con acceder a la casa propia. El aumento de la pobreza, que actualmente supera el 40%, y que antes que concluya el 2020 como consecuencia de la pandemia será aún peor, produjo otro fenómeno en cadena: el aumento de la desocupación, en especial del sector informal, que derivó en la imposibilidad de afrontar un alquiler, que provocó que más gente se quede sin hogar. Angustia, desesperación y finalmente, la decisión de muchos de tomar un terreno.

En estos últimos meses, sólo en provincia de Buenos Aires hubo unas 1800 usurpaciones de terrenos privados y estatales, son unas 3000 personas. La ocupación más grande es la de Guernica, en la que hay testimonios desgarradores, gente que dice que no tiene opción, que no tiene a dónde ir, o que tuvo que elegir entre comer o pagar el alquiler. Y la respuesta frente a un suceso dramático como el que viven estas familias, es la parálisis de las autoridades y las diferencias conceptuales insalvables entre los que justifican las ocupaciones de tierra y los que las condenan, diferencias que dividen el mismísimo peronismo.

No es un tema menor que existan desaveniencias profundas entre las autoridades nacionales y provinciales que tienen injerencia en la problemática y entre ellos y los referentes sociales de sus mismos espacios. Si Sabina Frederic, Sergio Berni, María Eugenia Bielsa, Juan Grabois y los intendentes de los distritos donde se realizaron las tomas no se sientan a dialogar y prefieren la pirotecnia mediática a un aporte genuino en busca de soluciones, qué podemos esperar, no hay posibilidad de ningún desenlace feliz.

Fenómeno aparte, en el que además de no ponerse de acuerdo es alarmante la inacción, es el que ocurre en el sur con las tomas de grupos que dicen pertenecer al pueblo mapuche y han ocupado terrenos ancestrales. Son grupos que atacan a los vecinos de la zona sin que nadie frene los ataques ni ordene detenerlos. Por el contrario, recordarán la triste intervención de la ministra de Seguridad nacional cuando denunció penalmente una marcha de vecinos que hartos de la situación protestaban contra la ocupación.

Si bien la problemática reviste mayor gravedad en provincia de Buenos Aires y en Río Negro, en la primera por la magnitud y en la segunda por la extensión temporal inadmisible, está presente en casi todas las provincias de nuestro territorio, varía la dimensión y el tenor, pero prácticamente en todas hay terrenos tomados, tierras fiscales o privadas ocupadas de manera ilegal.

Es imperioso discutir sobre el derecho a una vivienda digna y la falta de acceso de millones de argentinos a un techo, y también tenemos que discutir el respeto de la propiedad privada. El fondo de este asunto radica en un problema que arrastramos desde hace muchos años y que estamos muy lejos de solucionar, mucho más si los que tienen la responsabilidad política de ponerse de acuerdo tienen divisiones conceptuales y no se avienen a consensuar, si siguen haciendo lo que están haciendo, que es casi nada.

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