Lo nuestro va un poco más allá de estas consideraciones que son útiles como mecanismos de ataque político; pero no sabemos a ciencia cierta, si los resultados que se obtienen, en definitiva, no resultan perjudiciales para toda una comunidad.

Sí creemos que está mal o que fueron desafortunadas las palabras que el Intendente, a través de una intervención periodística, manifestó, señalando al sector de la comunidad, que se vería afectada, por la intransigencia de los concejales de Juntos por el Cambio. ‘Vayan a los domicilios de los mismos a reclamarles’.

La función política que desempeñan ellos o ellas, son independientes de sus núcleos familiares, por lo tanto, sería inadecuado que, si existiera un reclamo ciudadano, lo realicen en ámbitos que para nada responden al funcionamiento del ejercicio político que realizan. En todo caso, el correcto, al que deberían concurrir, es al Concejo Deliberante de Macachín y allí -con el derecho que les asiste- efectuar los reclamos y fijar posición, si creen que la medida ha resultado un perjuicio para la sociedad local.

De acuerdo a los antecedentes que han trascendido, las diferencias de criterios están relacionadas a la radicación del obrador principal de la empresa BTU, que tendrá a su cargo la construcción de parte del Gasoducto Néstor Kirchner, que viene desde Vaca Muerta, por Neuquén, pasando entre las localidades de Doblas y Macachín, hasta Salliqueló.

Los empecinamientos que llevan implícito un alto contenido político, confunden a las comunidades. Existe -a nuestro criterio- falta de sentido común para discernir entre lo que es política y aquello que necesariamente debe consensuarse en positivo, porque el resultado final es un alto beneficio para la ciudadanía.

En este caso, existen razonamientos que ameritan ser analizados y estudiados por los organismos adecuados. Nos estamos refiriendo específicamente a la posición que asumieron los tres integrantes de Juntos por el Cambio.

Sabemos -eso lo investigamos- que no fueron suficientes las explicaciones dadas por profesionales que echaban por tierra con la argumentación que sostenía que el obrador en cuestión causaría problemas en el acuífero y eso sería perjudicial para la población.

Más allá de la documentación requerida, las negativas siguieron firmes en su posicionamiento sin entrar en el análisis pormenorizado de que una obra de esta naturaleza, implicaba para la población, casi el 10 por ciento de sus habitantes con posibilidades ciertas de trabajo, además de la notable implicancia que redundaría en beneficios directos para el comercio en general.

Ya se contaban en el municipio local con más de 800 solicitudes de trabajo. Pero eso quedó sepultado por la ausencia de una inteligente razonabilidad que procurara salvar todas las dificultades que se planteaban.

El final, era de imaginar. Macachín quedó marginado y la empresa resolvió otros emplazamientos de sus obradores y se está hablando de más de 1.000 puestos de trabajo. A nadie podía ocurrírsele que esta actitud política podía alterar el plan de una obra de semejante envergadura. 

Seguimos viendo el ejercicio de probar qué pasa cuando tenemos ausente el sentido común. No la responsabilidad de velar por los ciudadanos que los eligieron. Sino buscar la metodología más acertada para que una oportunidad que brindaría mayor bienestar a la comunidad, se pierda, nada más que por hacer sentir el peso de la política, que en este caso resulta negativa.

Lamentablemente no aprendemos más.