Clara Suárez, de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), recordó que “desde la UTT exigimos a la Secretaría de Ambiente que pidiera a la Unidad de Monitoreo Ambiental (UMA) una muestra concreta” como resultado de lo cual se hallaron “más de 100 de agua en la provincia con restos de agrotóxicos” en diferentes departamentos.

En este sentido, explicitó, la Ley de Control de plaguicidas que se sancionó en la provincia en 2020 mantiene “su valor legal más allá de que no tengamos información precisa” aunque alertó sobre “los rumores de cambios” que se escucharon en torno a la introducción de modificaciones sobre “las distancias, los límites que tienen quienes fumigan”.

Por su parte, Juan Esponda, también de la UTT, reclamó que “claramente hay intereses de los 5000 fumigadores del noroeste‘ que buscan introducir esas modificaciones y que frente a esto ‘el Gobierno tiene que tomar una decisión, ahora con pruebas científicas, porque antes nos decían que no había. Ahora que están no hay manera de escaparle a la cuestión”.

“Todo el tiempo nos enteramos de familias que trabajan en los campos y que están expuestas a estas situaciones, de peones expuestos a la fumigación para que los dueños de los campos cuiden su producción. Y los efectos se ven, más allá de que las enfermedades crónicas tarden un tiempo en aparecer”, concluyó.

Agencia Santa Rosa