Como este medio informó oportunamente, la investigación del caso la llevó adelante el Fiscal General de la II Circunscripción con asiento en esta ciudad, Armando Agüero, imputando a cuatro personas, algunas de ellas con prisión preventiva. Pero poco tiempo atrás, a pedido de uno de los abogados defensores, la causa fue girada a la órbita Federal para que continúe allí su tratamiento.

Lo cierto es que ayer se conoció que la Justicia Federal decidió no tener competencia en la investigación, por lo que la causa de la “gran estafa” regresa a la órbita provincial, que tiempo atrás se declaró “incompetente”, por lo que se esperan novedades respecto a si se acepta o no la continuidad investigativa.

La novedad la dio a conocer el abogado querellante Michel Divoy, señalando que la Justicia Federal “no aceptó la competencia” y remitió las actuaciones al plano provincial, y apuntó que ahora se espera la decisión de la Justicia piquense si decide continuar la investigación o mantiene su condición de incompetente, dándole intervención a un organismo superior para que defina quién debe seguir la causa.

Divoy representa a varios denunciantes, cuyo interés es que las actuaciones se mantengan en el plano local.

La “gran estafa” tiene a más de setenta personas damnificadas, por sumas que superan los 600 mil dólares. Todas coincidieron en señalar que entregaron sumas a la firma ‘Market Capital’ para realizar operaciones financieras a nivel internacional que incluían la compra de “criptomonedas”, prometiendo un rédito mensual de entre un 15 y 20 por ciento.

‘Market Capital’ operaba en la ciudad como un “fondo de inversión”, a través de distintos locales ubicados en la zona del Microcentro, según detectó el fiscal Agüero, quien además ordenó la detención de cuatro personas identificadas como José Chap, Federico Chap, Juan Pablo Heim y Franco Hernández, este último sindicado como el “cerebro” de la operación, quien fue capturado en Buenos Aires, tras permanecer prófugo de la Justicia local.