Ya ni nos atrevemos a señalar responsables. No sabemos a esta altura quiénes son los “formadores de precios” (pero como con las brujas: No las vemos, no creemos en ellas, pero que las hay, las hay...). Habría que ser muy fanático para sostener la creencia de que el Gobierno es víctima y no victimario. O al menos cómplice por impericia, negligencia, incompetencia, debilidad. Todos sabemos, pues no hace falta una profunda erudición para darse cuenta, quiénes son las víctimas en esta realidad.

A once meses de las elecciones generales el camino se presenta tan tortuoso como interminable; como el que deberá recorrer cada argentino de clase media para abajo para poder llegar más o menos bien a cada fin de mes. Con las tradicionales fiestas anuales, las vacaciones estivales, el comienzo del año escolar y las vacaciones invernales en el medio. ¿Qué hará este sector social ante una inflación que pronostican llegará al 100% en diciembre?

Apenas anunciado el congelamiento de precios las corporaciones de alimentos lo resisten y se niegan a poner los precios en los envases. El gobierno promete entonces un “bono góndola” para subsidiar sus importaciones. La respuesta de las corporaciones hace evidente sus intenciones: van por los ingresos de la población y por los subsidios del Estado. El dólar oficial es el bien más preciado y alimenta el fuego de una disputa por los dólares que vacía las reservas del BCRA y desestabiliza al país. Esta compulsa se agudiza por un acuerdo con el FMI que obliga a devaluar y a aumentar las tasas de interés al ritmo de la inflación. Con fuertes recortes de gastos en educación, salud y asistencia social, el gobierno accedió al reclamo de JxC: la futura compensación de los desajustes entre el gasto presupuestado y las necesidades de los más vulnerables no será hecha por decreto nacional, sino por el Congreso. El gobierno quedará así a merced de una oposición que busca terminar con el populismo e impedir que un “plan platita” pueda influir en las próximas elecciones.

En este contexto, no basta con pedir aumentos de salarios y congelar precios. Además de cuestionar al acuerdo, hay que compensar las pérdidas salariales con fuertes aumentos y controlar efectivamente los precios, aplicando las leyes que existen para ello. Al mismo tiempo, hay que desplegar un control social organizado que, paralelo al efectuado por los organismos del Estado, controle los precios en las distintas instancias de las cadenas de valor y especialmente en las de alimentos e insumos difundidos. Esta movilización cambiará las reglas de juego que imponen los formadores de precios.

El resultado de las medidas llevará tiempo, pero se empezará a definir un escenario diferente, que pondrá límites a la embestida actual y permitirá al gobierno negociar con los formadores de precios desde una posición de fuerza. Estos olfatean una fortuna incalculable en recursos que el mundo desesperadamente necesita y están dispuestos a desestabilizar al país rápidamente para controlar los resortes del Estado e imponer sus objetivos de poder.

Es como echarle leña al fuego y luego quejarse de la propagación de las llamas. Es evidente e indudable la necesidad de formular medidas concretas de corto y mediano plazo, tendientes a cambiar la matriz productiva y erradicación de las mafias enquistadas en las instituciones democráticas.

Lamentablemente son tareas drásticas pero aún pendientes y el tiempo pasa. Y lo que seguimos viendo es que los responsables de llevarlas a cabo siguen jugando con fuego. Y eso representa un gran riesgo.