VIERNES 19 de Abril de 2024
 
 
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Extrema fragilidad institucional

No es una novedad que esta sea la situación por la que atraviesa el país. Lo más grave es que, si bien se tiene en cuenta, no se le presta la debida atención al quiebre institucional que se está produciendo en todos los órdenes.

Enfrentados, con una inusual violencia verbal, determinados sectores de los grupos sociales entre los que se cuentan los aliados de Pérsico, hasta ahora funcionario del presidente Alberto Fernández, se le suman los ataques que Juan Grabois y su círculo, concretan contra la Ministra de Desarrollo Social Tolosa Paz, más los habituales de Belliboni y los de Unidad Piquetera, nos enfrentamos a un escenario de una gravedad inusitada.

Los piqueteros oficialistas suben la tensión con Tolosa Paz y en el Evita piden irse del Gobierno. Un sector de la organización de Pérsico pide dejar los cargos.

Alderete amenaza con romper y Grabois -como decimos en el principio de la columna- se cruzó feo con la ministra. Las organizaciones cortaron el centro porteño y lanzaron un plan de lucha.

Era un suceso que debía esperarse. La ausencia de respuesta a los reclamos y los anuncios de ajustes y desapariciones de diferentes planes sociales han producido una grieta interna partidaria que la materializan al anunciar que de persistir en suprimir planes se irían del Frente de Todos.

Esta reacción está motivada en las denuncias sobre irregularidades en destinatarios de muchos planes. Se habla de más de 250 mil beneficiados, que en un cruce de información con la AFIP, se pudo registrar una utilización inadecuada de los beneficios otorgados por el Estado nacional.

El centro porteño fue nuevamente un caos ante el avance de grupos sociales que reclaman volver atrás con las medidas anunciadas. Los piqueteros oficialistas se sumaron este viernes a un ‘piquetazo nacional’, junto a organizaciones de izquierda, en rechazo a las bajas en los planes sociales definida por Tolosa Paz tras una auditoría de la AFIP que reveló anormalidades.

Si realmente existen casos que son ilegalidades o corrupción manifiesta, que han sido comprobados, se nos supone una incongruencia total con las manifestaciones de los ‘conductores’ de estos segmentos de la sociedad que se golpean el pecho intentando aparecer como ‘benefactores’, cuando las acusaciones también los envuelve a ellos, dado que medran con los montos de los planes que tienen un destino prefijado: asistir a los postergados, marginados sociales, que son usados electoralmente y luego olvidados hasta la nueva elección.

Estas anomalías, que han provocado una reacción injustificada de los conductores de los grupos piqueteros, han puesto en una incómoda situación a la titular del área ministerial de Desarrollo, quien desconociendo el informe solamente aplicó la suspensión a un mínimo de los señalados.

Esto generó que: La ministra está muy presionada por la Justicia que la fuerza a avanzar con las bajas mientras las organizaciones resisten: este viernes el fiscal Guillermo Marijuan la denunció por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber dado de baja a todo universo de beneficiarios con supuestas irregularidades. Mientras la Justicia investiga a más de 250 mil beneficiarios con irregularidades, Tolosa Paz dio de baja a poco más de 2.000.

Se podía adivinar que diciembre, sería un mes caliente y no por la temperatura inusual, producto del cambio climático, sino porque regularmente todos los años las presiones más severas se producen en este lapso del año. Y ahora con mayor razón ante los reacomodamientos que se producen para enfrentar el desafío del 2023.

A este clima ‘caliente’ se le agregan las amenazas vertidas por dirigentes de algún sector del oficialismo que comanda la agrupación gremial ATE, que avisa de posibles medidas, como paro laboral, según sea el resultado de la lectura de la sentencia que se conocerá el 6 de diciembre y que tiene como imputada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La estabilidad institucional está en juego. Que se pretenda presionar a un poder del Estado que debe expedirse ante un proceso que se ha discutido largamente y tiene varios años, es subversión a la norma.

Si a esto le agregamos la prepotencia por ignorar la posible corruptela detectada por un organismo del Estado como la AFIP, es una clara avanzada tendiente a romper el marco institucional en el cual debemos movernos todos los argentinos.

La realidad nos muestra un panorama con muchas dificultades y conflictos.
 

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