El furibundo ataque personal que realizó a uno de los titulares del medio La Nación, durante una entrevista concedida a uno de sus periodistas adherentes, que intentó muy tibiamente defender el posicionamiento de quien -supuestamente- es quien le paga su salario, fue una muestra de que alguna medida estaba sobre la mesa de trabajo del presidente.

Tras algunas horas de esas declaraciones, durante las cuales procuró defender alguna de sus políticas, como el veto a los jubilados, que son rechazadas por gran parte de la sociedad, apareció en el Boletín Oficial que el gobierno impuso más restricciones a la ley de acceso a la información pública.

Se eliminó la obligación de informar sobre cuestiones de la “vida privada” y sobre deliberaciones previas a una decisión de gobierno. También se incorpora la figura de “buena fe” para evitar “abusos” con los pedidos.

En líneas generales solo se podrá informar de las acciones de gobierno, procederes en la Casa Rosada y en Olivos, si el presidente lo autoriza.

Es -sin lugar a dudas- un cercenamiento de la libertad de expresión y un marcado cierre a la información de gobierno que debe ser y es pública, otorgando a todos los ciudadanos el derecho a saber y opinar sobre las actitudes y procederes de los gobernantes que elige.

En el marco de las acciones gubernamentales, es indudable que existen acuerdos, gestiones y/o negociaciones cuya importancia e incidencia determinan poner a resguardo información que no debe ser, según su criterio y fundamentación, generalizada y/o pública.

Pero mientras que para el expresidente hoy acusado e investigado por excesos de diversas naturaleza contra su esposa y en ese momento, primera dama, todos los canales de información están abiertos y se ha considerado que Olivos es la residencia presidencial, pero las cosas que allí se realizan son públicas y no privadas, ahora según la interpretación del presidente Javier Milei, serán de orden privado, por lo tanto no podrán tomar estado periodístico-informativo.

Todos los actos que realiza la figura presidencial y quienes lo acompañan, dejan de ser privados tras haber aceptado la responsabilidad de desempeñarse en ámbitos del gobierno y mucho más si han llegado a través del voto popular. Esa era la normativa vigente hasta la fecha.

Estamos ingresando en la segunda etapa del gobierno mileiano. Se producirán notables cambios, algunos ya se han percibido, como recomponer el funcionamiento del staff ministerial, asumiendo el titular del Poder Ejecutivo el manejo de todas las decisiones que se tomen de ahora en más.

Fue notorio el alejamiento del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, del “ruido” político. Su presencia, sin lugar a equívocos, único funcionario con experiencia política y capacitado para negociar, consensuar y acordar con opositores dialoguistas y gobernadores, es una necesidad a la que deberá apelar la presidencia si quiere lograr equilibrios legislativos; lugar en donde ha sufrido tres fracasos consecutivos ante una oposición que está buscando materializar su poder. Y ahora debe defender la vigencia del veto y necesitará de esa cintura política para convenir y acordar.

La determinación de acotar la información oficial entre privada y oficial, marcando las diferencias que hacen a la posibilidad de hacerlas conocer, son parte del andamiaje de los cambios estructurales que nacen del Plan Regulador y Transformación del Estado, que ya han comenzado a materializarse en todos los sectores del gobierno.

Mientras algunos episodios son “tirados” a la prensa como una nube distractiva, Javier Milei y su hermana,”El Jefe” Karina Milei, coordinan nuevas estrategias en aras de lograr la proyección política, que hasta ahora había estado ausente.

Limitar la información no pasa de ser una alternativa para generar distracción de otros temas, mucho más preocupantes, como el veto a los jubilados, las reformas laborales, el equilibrio financiero que muestra una rara estabilidad e ignorar, como si hubieran dejado de existir, los índices de pobreza, indigencia y el aumento del desempleo.

En razón de este factor, el gobierno de Javier Milei impuso nuevas restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública y se quitó obligaciones respecto a los asuntos sobre los que obligadamente debe entregar datos.

De esta manera, el gobierno busca evitar pedidos de información pública sobre cuestiones vinculadas a Milei, como la cantidad de perros que viven en la Quinta de Olivos o presencias de orden privado. En síntesis, acaparó la atención mediática y marcó la diferencia entre lo público y privado.

Una hábil operativa del libertario, que vuelve a demostrar que estratégicamente opera para poder concretar sus objetivos sin que se los cuestionen con antelación a la concreción de los mismos.

Un nueva forma de hacer política y la reformulación de un poder que pasa únicamente por el presidente.

Habrá que esperar los resultados.