La fiscal, días atrás tras la lectura de la sentencia, dijo que “Bravo era partícipe necesario por haber permitido el funcionamiento del cabaret (Venus) al renovar su habilitación pese a encontrarse vigente una ordenanza municipal que prohibía la habilitación de cabarets en 25 de Mayo”, y remarcó que ese fue el núcleo de la acusación, lo que se consideró probado y lo que, finalmente, los jueces así entendieron.

Silvestre sostuvo que quedó conforme con la sentencia que impuso cinco años de prisión para el exintendente de 25 de Mayo y actual concejal de esa localidad, cuyos fundamentos se conocerán este viernes.

La fiscal dijo que alberga dudas sobre las razones por las que se determinó la prescripción del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por el que llegó también imputado Bravo, lo cual podría desencadenar la presentación de un recurso por parte de Silvestre cuestionando esa determinación del tribunal federal.

“Tengo que ver los fundamentos para ver si hay elementos para recurrir o no”, dijo, remarcando que el tribunal le impone la pena de 5 años por hallarlo culpable de ser partícipe necesario del delito de trata de personas.

Más allá de eso, dijo que quedó conforme con la pena porque era la que precisamente ella había solicitado en su alegato acusatorio, esto es 5 años de prisión tanto para el exintendente como para quien era la dueña del local.

Sobre los dichos de Bravo respecto a que si se lo llevó a juicio a él también deberían haber estado en el banquillo los concejales de aquella época (2011-2012), la fiscal dejó en claro que esto no podrían haber ocurrido porque “justamente son los que dictaron la Ordenanza que prohibía el funcionamiento de los cabaret, fundamentando el reconocimiento de que en esos lugares se encubría el delito de trata de personas y el sometimiento de mujeres a la prostitución”.

“Ellos sancionaron esa Ordenanza, Bravo la promulga en septiembre de 2010, y no obstante eso prorroga la habilitación del cabaret Venus en enero de 2011 alegando un vacío legal que a criterio de la fiscalía no existía porque él decía que ‘la Ordenanza se refería a nuevas habilitaciones y no a las que ya estaban vigentes’, pero la misma Ordenanza dice ‘derógase toda otra norma que se oponga a la presente’, entonces sino se pueden habilitar nuevos cabarets porque allí se comete el delito de trata, cómo vamos a renovar las habilitaciones vigentes, tenían que caer todas”, aclaró la fiscal.